Falta trabajo para atajar el maltrato

Acceder a la independencia económica y personal son dos pasos imprescindibles para que las mujeres víctimas de violencia de género rompan los vínculos con sus agresores. Pero encontrar trabajo está difícil para todo el mundo y para las mujeres que huyen del matrato los obstáculos se multiplican.

Sólo el 18% de las víctimas de violencia machista inscritas en las oficinas del paro de León en el 2013 se beneficiaron de un contrato de trabajo, según datos del Gobierno en una respuesta parlamentaria a los senadores socialistas Nicanor Sen e Ibán García.

En concreto, en la provincia de León se firmaron un total de 35 contratos para mujeres víctimas de violencia de género, de los cuales 31 fueron de carácter temporal y 4 indefinidos. En términos comparativos, las contrataciones a este colectivo vulnerable mejoraron respecto a los tres años anteriores pues en 2010 sólo se registraron una decena, ocho en 2011 y 2 en el 2012.

En cambio, el número de mujeres víctimas de violencia inscritas como desempleadas ha aumentado en estos cuatro años al pasar de tan solo una en el 2010 a 187 en el 2013. Un dato que llama la atención si se tiene en cuenta que el número de denuncias por violencia de género fue superior en el 2010 (839) al 2013 (705).

Caída de las ayudas

El balance que presenta el Gobierno de la ejecución de este programa deja claro que las ayudas a las empresas para fomentar la contratación de víctimas de violencia machista han sido testimoniales y con el avance de la crisis prácticamente han desaparecido.

Durante el 2010, la Seguridad Social presenta un gasto de 6.006 euros en bonificaciones de cuotas empresariales mientras que en el 2013 este gasto cayó hasta 859,29 euros, lo que supone una caída del 86%. En 2011 el gasto en cuotas fue de 5.550 euros y en 2012 ascendió a 2.465 euros, según la citada respuesta parlamentaria.

La ley integral de medidas contra la violencia machista articula mecanismos de apoyo al empleo, concretados en un decreto de 2008, que en la práctica está casi vacío de contenido. En León, el Ecyl no gestiona programas de apoyo al empleo de las mujeres víctimas de violencia machista, mientras que el Gobierno subraya que «como consecuencia del proceso de traspaso de competencias en materia de empleo y formación realizado en las comunidades autónomas, corresponde a los servicios públicos de empleo de las mismas la gestión de los servicios y subvenciones derivadas de este programa».

Lo cierto es que Castilla y León, que se adeltantó a este decreto con medidas como el Plan Dike, iniciado en 2001, lo suprimió en el 2012. Durante una década se subvencionaron entre 10 y 20 contratos anuales a víctimas de violencia machista en León. En 2009, en una de las últimas convocatorias, se dedicaron 20.933,85 euros a este programa que ahora ha desaparecido. En 2001, cuando se inició por parte de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social contó con 600.000 pesetas (algo más de 3.000 euros) para 17 contratos de seis meses.

Hasta que llegaron los bruscos recortes del 2012, las empresas podían beneficiarse de ayudas directas a la contratación y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. En la respuesta parlamentaria a los senadores socialistas el Gobierno admite que tiene que «elaborar criterios comunes de actuación» con las comunidades autónomas.

Sin orientación

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entre 2003 y marzo del 2014 se han bonificado un total de 118 contratos a mujeres víctimas de violencia machista en la provincia de León, sobre un total de 4.443 en todo el país y 790 en Castilla y León.

Tan sólo dos mujeres fueron derivadas a servicios del grupo de formación para mejorar su empleabilidad, tales como formación, escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y prácticas, tal y como reseña la respuesta a los senadores.

Asimismo, se han realizado 19 contratos de sustitución de mujeres víctimas entre 2005 y marzo de este año. Entre los derechos laborales que tienen reconocidos las mujeres que sufren maltrato destacan la suspensión del contrato de trabajo con derecho a prestación por desempleo, ausencias y faltas al trabajo por asistencia a apoyo emocional y psicológico, cambio de centro o movilidad geográfica si la empresa dispone de otras sedes y, en el caso de las funcionarias, excedencia.

El Ministerio de Sanidad ha firmado convenios con 56 grandes empresas para promover la sensibilización y facilitar la inserción de las mujeres víctimas de la violencia de género. Un total de 22 realizan acciones de sensibilización y 34 de sensibilización e integración sociolaboral. Alguna de estas empresas, como El Corte Inglés, tiene sede en León. Además de campañas de sensibilización la empresa facilita el traslado de trabajadoras de unos centros a otros, tal y como contempla la ley.

En 2013 se registraron en León un total de 822 denuncias por violencia machista, un 16,5% más que en 2012 pero casi el 50% menos que en 2007, año en que se batió record de denuncias por maltrato.