El Ayuntamiento devolverá los recibos del IBI a los afectados por el «catastrazo»

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo estudia la fórmula para devolver a los afectados por el «catastrazo» parte de los recibos que ha pasado en los últimos tres ejercicios por las fincas que con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pasaron de rústicas a privadas. El alcalde, Gregorio Chamorro, mantuvo ayer un encuentro con el portavoz de la plataforma de afectados por el «catastrazo», Juan Carlos Fernández, en la que el regidor anunció que los técnicos buscarán «la fórmula más adecuada para devolver el dinero del IBI» a los afectados por la recalificación, tras la sentencia del Tribunal Supremo del recurso en interés de ley deducido por la Abogacía del Estado en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que indica que aquellos terrenos recalificados —de rústicos a urbanos— que no hayan sido urbanizados podrán seguir pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como si fueran rústicos, lo que implica una cantidad inferior.

Chamorro apuntó en su encuentro con el portavoz de los afectados que el Ayuntamiento está «analizando» el fallo y que serán los técnicos municipales los que determinen «el modo más adecuado de proceder para ambas partes». Desde el Ayuntamiento se incidió en que las cuantías a devolver a los afectados «en su mayoría son pequeñas». Además, desde el equipo de gobierno remarcaron que la sentencia del Tribunal Supremo tan sólo es aplicable a aquellos que hayan denunciado ante los tribunales la recalificación, es decir a los 700 de los 800 vecinos, que se han unido en la plataforma.

«Se trata de evitar que los afectados tengan que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y ahorrarles un dinero en abogados y procuradores», explicó el alcalde de San Andrés del Rabanedo. La sentencia del Tribunal Supremo ha abierto un nuevo escenario al resolver que mientras no se haya aprobado el plan parcial correspondiente, o un instrumento urbanístico análogo, la valoración del suelo delimitado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana, deberá seguir teniendo a efectos fiscales la valoración de rústico.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo cobra una media de 1.200 recibos al año de fincas urbanizables, lo que se traduce en unos ingresos de cien mil euros desde que se aprobó en el verano del 2010 el PGOU. Estas fincas tendrían una extensión de cinco millones de metros cuadrados. La revalorización catastral afectó a unas 1.600 parcelas, con 800 propietarios, y están incluidas en 16 sectores de SUZ y otras 31 de SUNC, que pasaron de rústicas a urbanas, aunque no se habían desarrollado.