Los pueblos afectados por la Variante exigen una «restauración integral, no parches»

No les valen «parches» como la intervención puntual en los arroyos de Alcedo y Folledo, como la que acaba de adjudicar el Ministerio de Fomento dentro de un presupuesto de 8,4 millones de euros. La federación de concejos y la asociación Lacerta reclaman al Gobierno «un proyecto de restauración integral en el que se contemplen todos los acuíferos, arroyos, abrevaderos y otros daños que se han acusado por las obras de la Variante de Pajares», como explica su asesor jurídico, Carlos González-Antón. Un plan en el que «primero se haga un inventario detallado, luego se someta a información pública y que cuente con una declaración de impacto ambiental como marca la ley», insiste el portavoz de la plataforma de pueblos afectados.

Los túneles de casi 25 kilómetros excavados para comunicar León y Asturias han dejado sin abastecimiento a poblaciones, secado acuíferos y evacuado hacia la vertiente asturiana hasta 360 litros por segundo: cuatro piscinas olímpicas al día. Unos daños que «han intentado tapar con actuaciones sobre las que no han informado de nada», reseña González-Antón, que avanza que en los próximos días solicitarán, por la vía que existe en la ley ambiental, que se les detallen «todas las actuaciones que se han hecho en superficie», como la que ejecutaron «desde Millaró a Rodiezmo, con una tubería por debajo del Bernesga, para restablecer el abastecimiento, en la que se gastaron más de 800.000 euros». «No puede ser que acometan esta intervención o la que hicieron para sellar un arroyo con hormigón que en el primer invierno se les vino abajo sin que se haga una declaración de impacto ambiental, puesto que se trata de un espacio Red Natura y Lugar de Interés Comunitario», detalla el portavoz del colectivo, quien abunda que todo este material lo incorporarán a la queja que enviarán esta semana a la unidad de infracciones de derecho comunitario de la Comisión Europea.

Los afectados insisten en que «la correcta intervención es capital para la subsistencia de toda la zona». «Es el proyecto de restauración ambiental más importante porque del mantenimiento de los acuíferos depende la actividad ganadera de la zona, la turística y también la de abastecimiento de agua, puesto que no se puede garantizar a medio plazo que no haya problemas de suministro», recalca González-Antón, quien resume que Fomento y el Adif deben decir «qué hay, que se ha hecho y qué debe hacerse». «No sólo se trata de restaurar, sino que junto a las medidas correctoras deben contemplarse otras compensatorias para evitar el trasvase encubierto al Huerna», apostilla el asesor jurídico de los afectados, que piden que se estudien bombeos a las capas altas, balsas u otras soluciones.