Hacienda investiga las bolsas de fraude catastral para subir los ingresos del IBI

Armados con una cámara, planos y fotografías aéreas, los inspectores de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A. (Segipsa), comenzarán a partir del próximo martes a rastrear las calles del municipio para buscar bolsas de fraude catastral entre las 130.509 unidades urbanas existentes y las que puedan aparecer. La tarea, encomendada por el Ministerio de Hacienda, permitirá hacer aflorar bienes que no estén inscritos, ampliaciones de edificación sin notificar, cambios de valor que no se hayan informado y modificaciones de uso de locales que supongan una subida de la valoración de los inmuebles: edificios a los que se les han elevado más alturas de las establecidas, casas en las que se ha ganado espacio de vivienda a costa del jardín, terrazas que desaparecen para tener una habitación más, casetas que se instalan en mitad de una finca, piscinas que se construyen en la parcela junto al chalé, casas de hace más de cien años que se reforman por completo, oficinas que se convierten en vivienda...

El listado de alteraciones se traducirá en un incremento para la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como de las plusvalías que se puedan generar en las ventas de estas propiedades e, incluso, en los cálculos de rentas del IRPF dado que, a excepción de la vivienda habitual, el resto tributan entre el 1,1 y el 2% del valor catastral. El proceso bautizado como ‘amnistía catastral’, incluido dentro de las reformas fiscales dictadas por el departamento de Cristóbal Montoro, servirá para que los propietarios puedan regularizar su situación, bien por propia iniciativa o por efecto de la inspección, con el pago de una tasa administrativa de 60 euros que ingresará el Ministerio de Hacienda, en lugar de tener que enfrentarse a multas que pueden incluso alcanzar los 6.000 euros, si se detectan las irregularidades en futuras inspecciones.

La regularización catastral dejará su efecto directo en las arcas del consistorio. Los responsables municipales, que esta misma semana se reunieron con personal del Catastro, habían solicitado a Hacienda que diera prioridad a León dentro de un procedimiento, iniciado a finales del pasado año, por el que pasarán más de 7.000 de los 8.130 municipios de toda España, con 2016 como fecha límite marcada para que la Segipsa cumpla con toda la encomienda.

El avance en la lista de repaso del territorio nacional hará que el consistorio de la capital leonesa pueda beneficiarse ya el próximo ejercicio de la subida de la recaudación provocada por estas bolsas de fraude, que serán notificadas a los titulares de los inmuebles para que puedan alegar lo que consideren oportuno en un plazo de 15 días o, por propia iniciativa, aportar la documentación necesaria. El Ayuntamiento de la capital leonesa no sólo se aprovechará del incremento de los recibos anuales de los propietarios que sean identificados en situación irregular, sino que además podrá reclamar la diferencia entre lo que se pagó y lo que se tendría que haber desembolsado desde el momento en el que se hizo la alteración catastral, con los correspondientes intereses de demora; unos derechos de reclamación con un máximo de cuatro ejercicios hacia atrás, puesto que el resto los da la ley por prescritos.