Parches al sistema y un riesgo a mayores para la recuperación del crédito

Los expertos interpretan la decisión del Gobierno de gravar los depósitos como un intento de apaciguar a las comunidades autónomas ante el retraso de la revisión del sistema de financiación. En cualquier caso se trata de poner orden en un largo litigio que podía haberse traducido en un distinto sistema fiscal para los depósitos según la autonomía, lo que hubiera causado problemas en la unidad del mercado.

En 2001 Canarias y Extremadura impusieron el gravamen sobre los depósitos para captar recursos, un sistema al que en 2010 se unió Andalucía. La decisión fue recurrida por el Gobierno pero el Tribunal Constitucional dio la razón a la autonomía, lo que abrió la puerta a otras comunidades para legislar por su cuenta. Ocurrió con Cataluña, aunque no se llegó a cobrar; y también lo planteó Valencia.

El año pasado el Ejecutivo aprobó la norma de ámbito superior que paralizaba la proliferación de gravámenes autonómicos, aunque con un tipo del 0%. El viernes el Consejo de Ministros aprobó para el próximo año un tipo del 0,03%, dentro de la Ley de Medidas de impulso económico.

El impuesto grava el volumen de depósitos de las entidades financieras (1,45 billones en el conjunto del país) y tienen que pagarlo los bancos, no los clientes; aunque se prevé trasladar este coste a los depositantes, lo que reduciría aún más la rentabilidad de los depósitos. O, incluso, encarecería el coste del crédito.