EL CRIMEN DE ISABEL CARRASCO
El abogado insiste en que Triana no debe devolver dinero a la Diputación
La institución afirma que la ingeniera «abusó» al cobrar cantidades a las que renunció.
El juicio de la Diputación contra Triana levantó gran expectación mediática ayer.
El abogado de Triana Martínez pidió ayer al juez que desestimara la causa contra su cliente, a la que la Diputación reclama la devolución de 6.583,80 euros por «cantidades indebidamente cobradas» durante su etapa como funcionaria interina de ingeniera de telecomunicaciones en la institución provincial.
Así lo solicitó el letrado de la hija de la autora confesa del crimen que acabó con la vida de Isabel Carrasco el 12 de mayo durante la vista que se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León. En el juicio, el abogado de la Diputación reiteró que no existe causa de inadmisión en este caso como pide la defensa, puesto que se produjo por parte de Triana Martínez un «abuso» de quien «percibió un dinero sabiendo que ha renunciado a él», lo que provocó un claro perjuicio para la administración y el interés público.
Este procedimiento se celebró para tratar de dirimir la reclamación interpuesta en septiembre de 2013 por la institución provincial contra Triana Martínez, de 35 años, encarcelada en la prisión de Mansilla por su supuesta participación en el crimen de Carrasco junto a su madre María Montserrat González, de 59 años, a las que se suma una tercera imputada, la policía local Raquel Gago, de 43.
Triana Martínez comenzó a trabajar en la Diputación de León en 2007 como funcionaria interina y en julio de ese año solicitó la compatibilidad para poder ejercer un puesto de trabajo en el sector privado, al mismo tiempo que mantenía su empleo en la administración.
Según defendió ayer el abogado de la institución provincial, a la ingeniera de telecomunicaciones se le concedió el permiso para compatibilizar ambos empleos a cambio de una reducción del treinta por ciento del complemento específico de su salario.
El abogado de la Diputación insistió en que la demandada aceptó en un acto firme y consentido esa reducción salarial.
«Cuando se le notifica que se le concede la compatibilidad y que se le reduce ese complemento, Triana no recurrió y lo afirmó, por lo que el acto de notificación es firme y consentido», remarcó el letrado.
No obstante, Triana Martínez continuó recibiendo el complemento específico en su totalidad hasta que fue cesada de su puesto en la institución en mayo de 2011, cuando la Diputación aprobó la liquidación de las cantidades que, a su juicio, había cobrado indebidamente la demandada.
«No tiene perdón de Dios que se siga recibiendo un dinero como que nunca haya existido este acuerdo hasta la liquidación final», agregó el letrado de la institución provincial.
La defensa, por su parte, insistió en que cualquier pago que se realizase entre 2007 y 2011 «no es contrario al ordenamiento jurídico», puesto que lo que se produjo es un «conflicto entre dos actos administrativos contradictorios», algo que «no se puede resolver con un procedimiento de lesividad».
Asimismo, añadió que no se realizó un informe por parte de la Secretaría de la institución provincial, ni se notificó en tiempo y forma a la demandada la resolución aprobada en junta de gobierno relativa a las nóminas de los trabajadores.