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INVESTIGACIÓN

Los administradores reclaman 5,5 millones a los Pucci por desviar dinero de Antibióticos

La Administración Concursal culpa a Danielle y a su hija de numerosas irregularidades y pide 15 años de inhabilitación .

Publicado por
M. Romero / A. Caballero
León

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Los administradores concursales de Antibióticos han cerrado una investigación de meses en torno al controvertido proceso que gravita sobre la farmacéutica y concluyen que la calificación del concurso de acreedores declarado hace casi un año es «culpable». Lo justifican en el aluvión de presuntas irregularidades cometidas por la propiedad durante los últimos años, entre otras el posible desvío de dinero desde la sociedad leonesa hacia otras empresas vinculadas a la familia Pucci, conflictos contables o graves inexactitudes en los documentos acompañados durante la tramitación del concurso.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico consta de 183 folios demoledores con la gestión de Danielle Pucci al frente de Antibióticos y la utilización que habría hecho de la firma para dar salida injustificada de dinero desde la sociedad que controla Antibióticos a otras de su propiedad, una tapadera que tendría el mero objetivo de difuminar la responsabilidad con sus acreedores. Los administradores consideran que Tendencia Positiva S.L. —se trata de la sociedad asumida por Pucci para administrar, gestionar y dirigir Antibióticos— es «una personalidad jurídica interpuesta, una mera ficción jurídica que pretende enmascarar a los reales gestores de la concursada». «No es más que una entelequia —recoge el informe en otro punto—, una ficción jurídica sin ningún funcionamiento real e independiente». Su «único propósito es perjudicar a los acreedores sociales y eludir la responsabilidad de los auténticos responsables», argumentan los administradores.

El informe de calificación ya entregado al juez de lo Mercantil por parte de la Administración Concursal pide que se inhabilite a Danielle Pucci y su hija Gloria Pucci durante quince años para administrar bienes ajenos —la máxima sanción— y que pierdan cualquier derecho como acreedores concursales o de la masa de la farmacéutica. Asimismo se propone al juez que les obligue a abonar solidariamente 5,5 millones de euros por la detracción de tales importes de las cuentas de Antibióticos a las citadas sociedades controladas por la familia Pucci.

Estas sociedades, calificadas como cómplices por los administradores junto a la Tesorería General de la Seguridad Social, son Calidad en la Elaboración S.L., Asidua Empresarial S.L., Espacio Verde y Energía S.L. y Farmastur 2010 S.L. Todas ellas habrían recibido, según figura en los autos del proceso concursal, cantidades que oscilan entre los 246.000 euros, la que menos, y los 2,3 millones de euros.

Ante la opción de que el juez asuma las calificaciones de los administradores, estos solicitan una batería de medidas cautelares contra Danielle Pucci y su hija Gloria. Entre otras, reclaman el embargo preventivo y la prohibición de disponer de una serie de bienes, como sus participaciones hasta en una quincena de sociedades. También se exige el precinto de los dos vehículos Porsche y la prohibición de disponer de los bienes muebles de su casa de la Moraleja. Una de las cautelares más llamativa es la solicitud por parte de los administradores de que el juez investigue mediante un auxilio internacional si los empresarios y sus sociedades tienen abierta alguna cuenta en la banca de Luxemburgo.

Una de las iniciativas más llamativas llevadas a cabo por los administradores es la relación entre la Tesorería General de la Seguridad y Antibióticos. Según ellos, se deduce que entre ambas ha habido «una relación de connivencia». Se han detectado, sobre todo, aplazamientos excepcionales concedidos a Antibióticos que, puestos en relación con los pagos efectuados a la Tesorería, lleva a concluir que la concursada se pudo ver beneficiada para la obtención de subvenciones al poder disponer de certificados de estar al corriente de sus obligaciones.

Entre los hechos que argumentan sus indicios de connivencia figuran hasta tres aplazamientos diferentes entre los años 2010 y 2011 y el cobro de varias subvenciones que oscilaron entre los 3,5 millones de euros a 600.000 euros. En 2011, cuando Antibióticos se encontraba en una situación de impagos generalizados, recibió ayudas a cambio de promesas de inversión que nunca se cumplieron.

 

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