La inspección municipal detecta 400 fraudes en León por los impagos de plusvalías

Con la recaudación de la mayoría de los tributos a la baja, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalías, da un respiro al Ayuntamiento de la capital leonesa. La caja, sin que todavía se hayan liquidado ni siquiera los 10 primeros meses del año, ya contabiliza 4,5 millones de euros de derechos reconocidos; muy por encima de los 2,85 millones de euros que figuraban como previsión en el presupuesto, de acuerdo a la recaudación efectiva que se produjo en 2012. Un repunte que, con el mercado inmobiliario todavía con cifras testimoniales, se debe en buena parte a la intensificación de la inspección tributaria puesta en marcha desde la Concejalía de Hacienda, dirigida por Agustín Rajoy, que ha conseguido que afloren en estos meses hasta 400 fraudes de contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones de notificar la transmisión de las propiedades adquiridas.

El impuesto de plusvalías grava el incremento que experimentan los terrenos urbanos, edificados o no, a consecuencia de la transmisión de la propiedad por compraventas, herencias o ejecuciones presupuestarias. Los contribuyentes cuentan con un plazo de un mes si la operación es inter vivos parta notificar al Ayuntamiento, mientras que en el caso de mortis causa se dan 6 meses y, en caso de solicitarlo, hasta otro medio año para cumplir con la obligación tributaria. La voluntariedad hace que en los últimos años, debido a la crisis, según constatan desde los servicios económicos, hayan aumentado los ciudadanos que intentan evitar el desembolso del tributo por medio de dejar correr el tiempo.

La actuación de la inspección municipal, que en el último año ha decidido poner a dos personas en lugar de una para que no se llegue al límite de los cuatro años a partir de los cuales prescriben, se apoya en el protocolo al que están sujetas las notarías. Los notarios deben notificar a la administración, dentro de la primera quincena de cada trimestre, la relación de documentos autorizados. Esta guía se coteja con las autoliquidaciones realizadas de manera voluntaria en el consistorio, lo que deja el saldo de los expedientes sancionadores que se debe abrir; algunos de ellos, muy importantes, con promociones de viviendas enteras, según reseñan los técnicos

La detección de estos casos implica de manera directa la comunicación del fraude y la comunicación de todo lo que debe pagar. No sólo se gira la cuota del impuesto, sino que además se anotan los intereses de demora, con un máximo de cuatro años hacia atrás, y la sanción administrativa, que equivale al 50% del valor de la cuota, pero que se queda en la mitad si se firma el acta de avenencia.

Pese a la importancia para la recaudación de estos fraudes detectados, desde los servicios económicos se apunta que el aumento de los derechos reconocidos se debe también a la leve del mercado de compraventa, mayor en el caso de segunda mano, y sobre todo por la coincidencia de varias grandes herencias de hasta 15 inmuebles.