CAUSA ABIERTA
Ordenan detener a Fernando Suárez y Martín Villa por crímenes franquistas
Una magistrada argentina pide la extradición de los leoneses para interrogarlos.
La jueza argentina María Servine de Cubría, que investiga la única causa abierta en el mundo por los crímenes del franquismo, ha dictado una orden de detención contra los ex ministros Rodolfo Martín Villa y Fernando Suaréz. Los dos leoneses están en una lista de veinte cargos franquistas. La magistrada solicita a España la extradición a Buenos Aires para interrogarlos.
La jueza argentina considera a Martín Villa responsable de «la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados los trabajadores Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien detenidos, muchos de ellos por armas de fuego».
La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, es solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP —Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico—).
En la lista de la jueza están también Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), por su responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en España (1974).
Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.