OPERACIÓN PÚNICA
La Junta defiende la legalidad de los 5,7 millones en contratos con Cofely
De Santiago-Juárez plantea a la oposición un «gran pacto» sobre transparencia
Una de las comparecencias de ayer en las Cortes
Los nueve consejeros de la Junta de Castilla y León que han comparecieron ayer en el Parlamento autonómico defendieron la legalidad de los contratos suscritos desde 2002 con la empresa Cofely, investigada por la Operación Púnica, y ofrecieron un pacto por la transparencia y contra la corrupción.
La primera en comparecer en Comisión ante los grupos parlamentarios fue la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, quien recalcó que los contratos de los que iban a informar los consejeros «no están siendo investigados por la Audiencia Nacional», aunque la Junta ya ha anunciado que se los remitirá por si les son de utilidad.
Estos pagos a las compañías Cofely Contracting y Cofely España ascendieron entre 2002 y 2014 a 5,7 millones de euros, en su mayoría (4,7 millones) vinculados a la Gerencia Regional de Salud, según los datos aportados por Del Olmo, quien además garantizó que no ha habido pagos a ninguna de las otras 165 empresas aludidas por el PSOE como vinculadas a la trama y que serán objeto de otra petición de comparecencia, aún sin calificar por la Mesa de las Cortes.
El siguiente en intervenir fue el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien consideró que «sería bueno» que los grupos parlamentarios alcanzaran «un gran pacto» en torno a la nueva normativa de transparencia para afrontar los momentos actuales, ya que «la transparencia es el mejor antídoto contra las prácticas corruptas y la mejor invitación a los ciudadanos para que participen».
El resto de consejeros que han desfilado sucesivamente por las respectivas comisiones en una maratoniana jornada parlamentaria coincidieron en defender la legalidad de los contratos, mientras que la oposición reivindicó la necesidad de que el ejercicio de transparencia se sostenga en el tiempo y no se limite a un «postureo» limitado a un día para usar el Parlamento como una «lavadora», en palabras del procurador socialista Francisco Ramos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, Silván detalló que entre 2002 y 2014 sólo han hallado contratos menores con Cofely por importe de 15.803 euros y que se tramitaron correctamente. Además, Silván explicó que la empresa pública Somacyl participó como órgano de contratación en el proyecto de red de calor de la Universidad de Valladolid que fue adjudicado a una UTE formada por las empresas Revi y Cofely por 7,5 millones de euros, sin que la Junta de Castilla y León aprecie irregularidad alguna en su tramitación y sin que en este caso haya aportación económica por parte de la Administración autonómica.
El consejero de Educación, Juan José Mateos, garantizó por su parte que tanto sus colaboradores en la Consejería como él mismo son «gente honrada», con sus «fallos y errores».