El juez incrimina al interventor de la Diputación y le pide 30.000 euros de fianza

Jesús López, interventor de la Diputación Provincial de León, fue imputado ayer por el magistrado del Juzgado Central número 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, en el marco de la Operación Púnica por la que fue encarcelado el presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón.

El juez decidió dejar en libertad al interventor leonés, a condición de depositar una fianza de 30.000 euros en un plazo de diez días, después de tomarle declaración en la mañana de ayer.

Del interrogatorio sacó la conclusión de que «Suso» tenía intereses particulares como propietario de trece apartamentos en la estación. Por ello «debía abstenerse de facilitar información económica y realizar gestiones sobre las pistas» a pesar de que recibió una petición en este sentido por parte de Barazón.

Lupicinio Rodrigo, presidente en funciones de la Diputación Provincial, había informado el pasado martes a los portavoces de los grupos con representación en el gobierno provincial de que el interventor figuraba como testigo en las diligencias previas abiertas con motivo de los hechos, motivo por el cual había revocado el acuerdo adoptado en junta de gobierno de solicitar a la Junta de Castilla y León que incoara expediente disciplinario y adoptara las medidas cautelares correspondientes contra Jesús López.

Hasta cinco años

El delito de negociaciones prohibidas a funcionarios está castigado con una pena que fluctúa entre los seis meses y los dos años de prisión. El de fraude tiene penas que fluctúan de uno a tres años.

La Diputación previsiblemente se verá obligada a volver a adoptar el acuerdo. Alegaba Rodrigo que la institución carece de competencia objetiva para adoptar medidas de estas características contra los testigos judiciales. El interventor ya no ostenta esa condición.

Se trata del segundo imputado por la Operación Púnica en la capital. El primero fue el presidente de la institución, que permanece privado de libertad desde el pasado 27 de octubre, fecha en la que fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su despacho de la Diputación y encarcelado tres días después en virtud de un auto de prisión dictado por el magistrado, tras tomarle declaración durante casi una hora en la Audiencia Nacional. Marcos Martínez Barazón está acusado de al menos seis presuntos delitos. Son supuestos de cohecho, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, revelación de secretos, fraude y tráfico de influencias.