Diario de León

POLÉMICA EN SAN ANDRÉS

La adjudicación de las piscinas de San Andrés a un concejal del PP enciende a la oposición

El PAL acudirá al juzgado y el PSOE urge la comisión de investigación aprobada en Pleno

El concejal de Deportes y el alcalde, en la inauguración de las piscinas tras seis meses cerradas

El concejal de Deportes y el alcalde, en la inauguración de las piscinas tras seis meses cerradas

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P. INFIESTA | SAN ANDRÉS
León

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La adjudicación del contrato de servicios de socorrista y monitor deportivo de las piscinas municipales de San Andrés y Trobajo el pasado verano a un concejal del PP de la provincia, según se desveló ayer, encendió los ánimos de la oposición. Sobre todo, porque también se conoció que la división del contrato en dos, uno para cada centro de trabajo, incluyó reparos y fue advertida de ilegalidad por el interventor municipal, al estimar que «sumando» ambos se «sobrepasa el contrato menor (sin concurso)» y se «incumple con el procedimiento de adjudicación al disminuir la cuantía para eludir los requisitos de publicidad». El PAL ya advirtió que acudirá a los tribunales a denunciar al alcalde, Gregorio Chamorro, por posible cohecho, tráfico de influencia y malversación de caudales públicos, ya que los importes por los cuales se adjudican los servicios son «excesivamente» elevados respecto a los convenios. El monitor triplica el salario estipulado en el convenio y los socorristas lo duplicaron, según sus datos. El portavoz del PAL, Francisco Gómez, volvió a pedir la dimisión del regidor por esos motivos.

Por su parte, la socialista María Eugenia Gancedo recordó que en el último Pleno municipal su grupo ya pidió una comisión de investigación sobre las piscinas para analizar los gastos, los contratos, la tramitación del personal y el uso de penados (reos) que ocupaban puestos de trabajo. Una comisión que fue aprobada por unanimidad, incluido el PP, pero que no se ha puesto en marcha. «Se pone de manifiesto el oscurantismo y el chanchullo de gestión que viene realizando el alcalde. En este caso se suma un presunto tráfico de influencias y, aunque el contrato con el concejal popular finalizó el 31 de agosto, se le ha seguido manteniendo y ya se le han pagado 50.000 euros». Gancedo cree que el regidor puede haber utilizado «su cargo para beneficiar a particulares».

Desde IxSA, Luis Herrero Rubinat Rubinat, pide al PP que retire el apoyo a Chamorro por «adjudicar la única obra que se ha licitado en este mandato a su concuñado, organizar una feria multisectorial que se ha convertido en un avispero judicial, permanecer en la ilegalidad presupuestaria desde el día 1 de enero y firmar una media de cuarenta decretos al mes con reparos de los técnicos».

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