EL CRIMEN DE ISABEL CARRASCO
La jueza pide al banco información de un préstamo de Carrasco
El documento así como los seguros de vida son del interés de la instructora
Los últimos documentos que se han incorporado a la investigación sobre el asesinato de Isabel Carrasco son un CD con el registro de los posicionamientos de los móviles de las tres imputadas a lo largo de todo el año 2012 hasta la fecha en la que se cometió el crimen y un segundo documento correspondiente a un informe en torno a un préstamo bancario que había solicitado Isabel Carrasco y que, por razones que de momento no han trascendido, es del interés de la instructora.
El documento se acaba de añadir al sumario esta semana y se hace acompañar de un informe de la entidad bancaria en el que se especifica la fecha de solicitud y los términos en los que se acordó la concesión.
Y un seguro de vida
Anteriormente también se había añadido a la documentación un requerimiento a la compañía que ostentaba el seguro de vida de carácter personal que había suscrito la víctima para hacer constar las cifras correspondientes con cargo a la indemnización que pueda corresponder. En cualquier caso, para este procedimiento se hace constar más de un seguro de vida, puesto que por los cargos públicos que ostentaba Carrasco le correspondían otras cantidades alternativas.
No se ha incorporado al sumario por el momento la petición de libertad provisional para Raquel Gago, que su abogado, Fermín Guerrero, había anunciado inminente hace aproximadamente un mes durante su última visita a los jugados de León y que sin embargo, por estrategia procesal y a la espera de que se resuelvan los asuntos referentes a los informes psicológicos, se está demorando.
El próximo viernes se cumplirán siete meses de la muerte violenta de Isabel Carrasco, que falleció abatida a tiros por los disparos que realizó Montserrat González, asesina confesa, con la presunta colaboración de su hija Triana Martínez y la posible ayuda de Raquel Gago, cuyo papel en el crimen no está claro a criterio de su defensa, que exige que se la ponga en libertad por entender que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas y que la posibilidad de una fuga está más que descartada por arraigo familiar.