operación púnica
Barazón entra en la cárcel imputado en una trama corrupta
El sucesor de Carrasco fue presidente desde la prisión durante dos semanas.
Momento en que Martínez Barazón sale detenido de la Diputación camino a la Comandancia.
«¿Es usted Marcos Martínez Barazón?». El presidente asintió de pie en su despacho. Eran poco más de las nueve de la mañana del lunes 27 de octubre. «Está usted detenido», dijeron los agentes de la UCO sin mediar más palabras. Comenzaba en la institución provincial el registro ordenado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional en el marco de la operación Púnica y una larga pesadilla para el sustituto de Isabel Carrasco al frente de la Diputación.
Una trama de corrupción que salpicó a políticos y empresarios de distintos puntos del país, fundamentalmente de Madrid, encabezada por el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Tras la confusión de los primeros días y la nube de especulaciones sobre los motivos que habían llevado a Barazón a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de León, primero, y después al de Tres Cantos en Madrid, el presidente de la Diputación compareció el jueves ante el juez Velasco, quien tras escuchar la declaración ordenó su prisión incondicional sin posibilidad de fianza. Fue acusado de seis delitos —negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude— y enviado directamente a la cárcel de Soto del Real, de donde salió dos días después para ingresar en el penal de Navalcarnero.
El magistrado le imputó por amañar contratos centrados en al estación invernal de San Isidro y la feria Intur para conseguir una red de influencias en el Partido Popular y «perpetuarse» así en el cargo. Y todo ello de la mano supuestamente de uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro.
El PP provincial, espoleado por el autonómico, puso en marcha a toda velocidad los mecanismos para expulsar de sus filas a Barazón, le dio un ultimátum para que dimitiera de todos sus cargos en la Diputación y Cuadros y amenazó con mociones de censura si no lo hacía. Llamó al orden a los diputados del equipo de gobierno para que aclararan cuanto antes si tenían algo entre manos bajo sospecha en sus áreas de gestión.
Aferrado a su cargo para sustentar la tesis de la inocencia defendida por su abogado, Barazón tardó dos semanas en dimitir de alcalde y presidente, aunque no dejó sus actas como concejal y diputado. Cinco minutos antes de que Génova le expulsara, presentó su renuncia como militante del PP.
Después de días de tensión entre la dirección provincial popular y los diputados, finalmente se optó por el alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, como nuevo presidente. Y Eduardo Fernández, que capitaneó la gestión de la crisis, se hizo en un tiempo récord con la presidencia provincial del PP.
En un giro inesperado de su situación procesal, el ex presidente pudo abandonar la prisión el pasado día 11 tras depositar 30.000 euros de fianza. Siete semanas después de su detención regresó al Palacio de los Guzmanes como diputado no adscrito.