La jueza fija una fianza de 100.000 euros a Triana, su madre y Raquel Gago

La jueza instructora del sumario abierto por la muerte violenta de Isabel Carrasco dictó ayer un auto en el que, entre otros aspectos, fija una fianza de 100.000 euros para cada una de las tres imputadas por el caso, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, para hacer frente a las indemnizaciones que puedan corresponder a las partes personadas como perjudicadas por la muerte de la presidenta.

El auto contiene tres elementos fundamentales. Por una parte, aplica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. En virtud del mismo, todas las cuestiones referentes a lo que hasta ahora eran diligencias previas pasan a convertirse en un asunto que se rige por esta ley.

Estipula también la fianza para hacer frente a las compensaciones que pudieran corresponder a la hija de la víctima, a su familia, a su pareja sentimental y al Partido Popular, como perjudicados por el fallecimiento.

Enlaza este apartado con un último aspecto. Las partes personadas en el caso, el Ministerio Fiscal, los dos abogados defensores de las tres acusadas y los letrados de las acusaciones particulares, están citados para el próximo día 9 de enero, a partir de las 10.00 de la mañana en el juzgado, para la elaboración del escrito de hechos justiciables, paso previo al auto en el que se decretará con total seguridad la apertura de juicio oral.

En este documento, cada una de las partes expondrá su consideración respecto a la calificación que desde su punto de vista merecen los hechos suspectibles de ser juzgados y las posibles penas que cabría imponer a las sospechosas.

Posteriormente se dictaría previsiblemente el auto de apertura del juicio oral y ya se daría por cerrada la instrucción del sumario.

Pagar o ser insolventes

Las tres imputadas deberán hacer frente a la fianza acogiéndose a tres opciones posibles. La primera es aportar los 100.000 euros cada una en una cuenta de consignación. Hay una segunda opción que es justificar con avales la posibilidad de hacer frente a esa cantidad a posteriori y en el peor de los casos, declararse insolventes en cuyo caso todos sus bienes quedarían embargados en función de las consideraciones que se dicten al respecto.