LAS COMPETENCIAS DE LOS BOMBEROS
Denuncian al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación por no ir a un incendio
Los propietarios de la casa que quedó calcinada reclaman el pago de 102.579 euros.
La casa quedó calcinada por completo, pese a la intervención de los bomberos.
El vacío institucional generado por las administraciones en la salida de los bomberos a los incendios en la provincia se resolverá en los juzgados. La justicia tendrá que dirimir la responsabilidad de Ayuntamiento de León, Diputación Provincial y Junta por la inasistencia a la llamada de auxilio hecha por un particular de Villamayor del Condado, el 4 de octubre de 2012, que terminó con su casa calcinada por completo y que causó además desperfectos en un pajar anejo. Un incidente por el que reclama la indemnización de los daños, justificados en 102.579,05 euros, según la denuncia presentada por el bufete de abogados Morala, que pedirá la unificación de los casos ante el Tribunal Superior de Justicia para evitar sentencias diferentes en León y Valladolid.
El juicio servirá para dirimir las responsabilidad de cada una de las administraciones en la falta de asistencia al aviso, que se ha repetido en más de una ocasión desde que en julio de 2010 se abriera la disputa entre las tres administraciones sobre las competencias en la extinción de incendios en la provincia. La polémica hizo que los bomberos de la capital se negaran a acudir amparados en que sólo salían cuando hay riesgo para las personas, tras lo que se instó a que actuar al camión cisterna de Boñar dispuesto por la Diputación para la zona, pero tampoco fue por «problemas técnicos», según costa en las diligencias abiertas ante la Guardia Civil. Ante la falta de medios, se procedió a extinguir las llamas «en compañía de los vecinos de la localidad, empleando mangueras de riego y una máquina excavadora», de acuerdo al informe cursado en el puesto de Vegas del Condado, que recoge que tras haber comenzado a las 13.30 quedó resuelto «sin daños personales» a las 18.00 horas, cuando apenas quedaban las cuatro paredes de la vivienda en pie.
Informe del Consultivo
La demanda alude a las tres administraciones implicadas, aunque se apoya en la Ley de Bases de Régimen Local para establecer que la Diputación tiene «la competencia en la prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.00 habitantes», que en la provincia son todos menos la capital, Ponferrada y San Andrés. El juicio se refuerza además en el dictamen emitido por el Consejo Consultivo, en enero de 2013, para resolver la controversia. En ese documento se remarca la responsabilidad de la institución provincial, aunque también se hace referencia a que «las comunidades deberán coordinar la efectiva prestación de esos servicios en todo su territorio», para lo cual «podrán impulsar la constitución de consorcios o firmar convenios de colaboración» e incide en la «insuficiente coordinación de la planificación sectorial, así como la segmentación de las competencias».
Todo este material conforma la demanda presentada por la letrada Smara Morala. Un caso que puede servir como precedente para la reclamación de otras salidas que no fueron atendidas en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia.