Raquel Gago pedirá su vuelta a la Policía Local de León pese a que le será denegado

Raquel Gago, imputada por su presunta participación en la muerte violenta de Isabel Carrasco, solicitará el retorno a su puesto de trabajo en la Policía Local la semana próxima, previsiblemente, según confirmó a este periódico su letrado, Fermín Guerrero.

La agente fue puesta en libertad provisional bajo una fianza de 10.000 euros por la Audiencia Provincial, a través de un auto dictado por la sección tercera, que fija como únicas condiciones la obligación de firmar en el juzgado cada lunes y la retirada del pasaporte.

Gago pretende reincorporarse a su puesto de trabajo lo antes posible «aunque somos conscientes de que va a ser muy complicado, por no decir imposible. Cuando salga absuelta después del juicio, entonces su reincorporación será automática», explicó el letrado, muy satisfecho por la determinación adoptada por la Audiencia.

El Estatuto Básico del Empleado Público determina que cuando la suspensión no sea declarada firme, «el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión».

Sobre la agente pesaban tres decretos municipales por los que se incoaba un expediente disciplinario de suspensión de dos meses cada uno, que cuando se agotaron los seis meses de rigor se convirtió en indefinido «hasta que recaiga la resolución definitiva en el procedimiento judicial».

Tres decretos

Los tres decretos recogen en el penúltimo considerando que las medidas cautelares pueden prolongarse «hasta que recaiga resolución definitiva» con una excepción: «Salvo en cuanto a la suspensión de sueldos». Por todo ello, durante el tiempo que ha permanecido en prisión, Gago ha seguido percibiendo el sueldo base de 720 euros brutos, y una cantidad correspondiente a la antigüedad por trienios, que en su caso se estipula alrededor de los 250. El hecho de no cumplir con el servicio exime de abonarle el complemento de destino, de 394 euros, un complemento específico de 773 euros, el complemento de dedicación que importa 220 euros, un incentivo de rendimiento de 31 euros y la compensación por el desarrollo de sus tareas en fines de semana. Todas estas cantidades son brutas. El neto de lo cobrado por la agente en este tiempo se sitúa en torno a los 900 euros. Según declaró en sede judicial en la fase de instrucción, sus emolumentos habituales se situaban en torno a los 1.700 euros limpios.

Al margen de las cuestiones penales derivadas del asunto, la diferencia entre una posible condena y una absolución también tiene notables diferencias a nivel económico. El artículo 98.3 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el funcionario suspenso provisional «tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo».

«Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos».

A efectos administrativos, la suspensión tiene fecha de vigencia desde el 17 de mayo de 2014, el día siguiente al de la apertura del expediente derivado de su ingreso en prisión.

Raquel Gago está destinada actualmente a la Unidad de Policía de Barrio y no se encontraba de servicio en el momento de los hechos, tanto cuando se encontró con Triana Martínez como en el momento en que descubrió la pistola en el interior del bolso en su coche.