Hacienda debe a las calefacciones de gasóleo leonesas un millón de euros

La Agencia Tributaria tendría que devolver a los usuarios de calefacciones de gasóleo en la provincia algo más de un millón de euros, en concepto del ‘céntimo sanitario’ que cobró como impuesto entre 2010 y 2012, y que fue anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los grandes consumidores están reclamando la devolución de estas cantidades, pero para la mayoría de los pequeños edificios el proceso resulta demasiado complicado para el dinero que finalmente percibirían si Hacienda da por buenas sus reclamaciones. La devolución del impuesto cobrado indebidamente supone en la provincia reponer 6 euros por cada 1.000 litros de gasóleo consumidos. Aunque hay que tener en cuenta que desde este mes comienzan a prescribir las deudas de principios de 2010.

En los tres años en los que se reconoce la deuda la provincia consumió más de 193.000 toneladas de gasóleo de calefacción, lo que supone que sólo lo recaudado en el tramo estatal del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el ‘céntimo sanitario’) supone más de un millón de euros que los vecinos con calefacciones de gasóleo tuvieron que pagar antes de que el incremento se declarara contrario al derecho europeo.

Castilla y León adoptó el ‘céntimo sanitario’ en 2012, pero no lo aplicó al gasóleo de usos especiales y de calefacción.

Engorroso

Los grandes consumidores de gasóleo de calefacción en la provincia sí han llevado a cabo la reclamación de las devoluciones, aunque «en muchos casos de pequeñas comunidades casi no merece la pena», asegura Jesús Luque, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de León. Luque calcula que aproximadamente un 25% de las calefacciones de los edificios leoneses utilizan este tipo de combustible, aunque para obtener la devolución por ejemplo de 600 euros los edificios tienen que tener más de 30 viviendas.

«La Agencia Tributaria podría hacer las devoluciones de oficio, porque son ellos los que tienen los datos; pero solicitan muchos documentos para poder reclamar», explica.

La reciente devolución de 2.255 euros a una comunidad de 44 viviendas de Madrid por parte de Hacienda ha animado a los vecinos a plantear sus reclamaciones.

El impuesto conocido como el ‘céntimo sanitario’ se impuso en enero de 2002 y estuvo vigente hasta finales de 2012, y constaba de un gravamen a hidrocarburos que aplicaba el Estado y otro que las autonomías podían aplicar o no. Desde el 1 de enero de 2013 este cobro no despareció, sino que se integró en el Impuesto Especial de Hidrocarburos a través de una fórmula que no fue considerada irregular por la Unión Europea.

El tribunal europeo consideró que el impuesto era contrario al derecho comunitario, que obliga a que el objetivo del impuesto no sea exclusivamente presupuestario. La justicia de la UE también afeó que ni el Gobierno ni la Generalitat actuaran de «buena fe», porque mantuvieron el cobro en vigor más de diez años a pesar de las advertencias sobre su legalidad. Entonces se calculó que el Estado había recaudado ilegalmente unos 13.000 millones de euros entre 2002 y 2012.

Financiación

El impuesto estaba en teoría destinado a financiar, además de actuaciones medioambientales, las competencias transferidas a las autonomías en materia sanitaria. Sin embargo, la normativa no establecía que lo recaudado se destinase a gastos sanitarios.

El impuesto se transformó en el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que impone el tipo autonómico junto con el tipo estatal general y el tipo estatal especial. El tipo general es el mismo para todo el Estado, y equivale a 40 céntimos por cada litro de gasolina de 95 y de 30 céntimos por litro de gasóleo. El tipo estatal especial tiene un valor de 2,4 céntimos tanto para la gasolina como para el gasóleo. A estos impuestos hay que añadir el 21% del IVA.