A la espera de normas que regulen contable y fiscalmente a los inmuebles
Los administradores de fincas demandan desde hace años normas para la regulación contable y fiscal de los movimientos económicos de las comunidades de propietarios. Consideran que se trata de una necesidad para hacer frente al fraude fiscal y fomentar la transparencia en la administración de los inmuebles. Aún sin la obligatoriedad de esta norma, el colectivo afirma que cumplen con la legislación fiscal de los edificios que administran.
El modelo 347 obliga a los administradores desde su entrada en vigor a llevar una contabilidad más pormenorizada y estar pendientes de los proveedores que puedan facturar a la comunidad más de 3.005 euros/año. La norma es para las comunidades que no desarrollen actividades empresariales (o de arrendamiento) y que realicen tareas del edificio con terceros, como electricistas, técnicos de ascensores, fontaneros, albañiles, antenistas...
Y en el caso de las comunidades que alquilan locales para negocios u otros elementos del edificio, como fachadas o cubiertas, ya obligadas antes a presentar el modelo 347 para declarar estos arrendamientos sujetos a IVA, no tendrán que incluir estas operaciones porque ya se ha modificado para este fin el modelo 180 que presentan los inquilinos por la retención.
En ninguno de estos dos casos es obligatorio declarar los suministros adquiridos para la comunidad, casos como energía eléctrica, combustibles, agua y los seguros que cubran bienes y derechos relacionados con espacios comunes.