La Policía ejercerá una «presión insoportable» sobre los clientes de las prostitutas explotadas

Es mentira que el Renault 5 esté extinguido ya. En uno de color blanco y con bastante barro en las ruedas viajan tres individuos que superan de largo los cincuenta años. El que va al lado del conductor tiene un mostacho canoso espeso y voz cazallera. Baja la ventana y ordena al piloto que se pare: «Guapaaaaaaaaaa!!!! Ven pa’ acá que ese culo tengo que probarlo yooooooo!!!! (Y otra serie de asertos indecorosos).

Lavinia se da la vuelta y les ignora. Es rumana. «Llevo aquí tres años. Tengo un hijo y trabajo en esto porque no hay otra cosa». Es una de las dos únicas mujeres blancas que pasean por las inmediaciones del Palacio de Deportes, cercana ya la medianoche del viernes, con un aire gélido que pela. «Estoy acostumbrada al frío y al calor. No hay otra cosa. No encuentro trabajo». Por la avenida de Sáez de Miera abajo hay otras cinco jóvenes, pero son de raza africana. «Esas no hablan nunca», certifica un experto en la materia.

La Dirección General de la Policía pretende pone en marcha una campaña de «presión insoportable» contra los clientes de las prostitutas que desempeñan su profesión bajo extorsión. No afecta en principio a aquellas mujeres que hayan elegido libremente el oficio más antiguo del mundo. A Lavinia le parece fatal. «Ya tenemos muchos problemas para conseguir un poco de dinero. Si encima empiezan a decir estas cosas, la gente no va a venir. ¿De qué vamos a comer nosotras?».

Embutida en una malla azul que realza su figura muy estilizada y maquillada de purpurina hasta las cejas, cuando habla mueve la pestañas postizas como si fueran abanicos. «No des muchos detalles, por favor. El niño va al colegio y no quiero que me reconozca. Ya bastante complicado es esto». El servicio completo son 20 euros y los trabajos manuales y similares se quedan en 10. «No quiero foto, por favor». De espaldas tampoco acepta. Tiene una preciosa silueta de atleta.

María también es rumana pero dobla en edad a su compatriota. Está en la otra esquina del Palacio de Deportes. Entre que el periodista tiene tendencia a hablar rápido y que la mujer domina poco el idioma castellano, la conversación tiene por momentos tintes surrealistas. Pero algo sale en claro. «Yo no tengo ningún problema en que pongan esa ley. Vengo aquí porque quiero, no me obliga nadie. Eso de las mafias y esas cosas está en Madrid, aquí vivimos muy tranquilas. Yo tengo un hijo y también mi madre vive conmigo. Pero no saben que me dedico a esto. Trabajaba en la limpieza hasta hace tres años. Se acabó el trabajo, se me terminó el paro y no podía hacer otra cosa», explica.

Como su compañera, solicita discreción. «Es que no quiero que me conozcan en casa, sabessss. Eso es peorrrrrrr» declama con un inconfundible acento centroeuropeo.

La división de opiniones de las afectadas contrasta con la voluntad firme del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía. Tolerancia cero. María Marcos, comisaria jefe provincial de León, remite a sus superiores a la hora de ofrecer detalles en clave provincial sobre esta campaña. Técnicamente se denomina «Plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual».

Sanciones

Los agentes podrán sancionar administrativamente a los clientes que soliciten servicios sexuales en las proximidades de lugares frecuentados por menores, como centros educativos o parques infantiles. La norma es sancionar a los clientes, no a las prostitutas. También se multará a quienes reclamen sus servicios en las carreteras.

Es la segunda fase de un mismo plan que contará con fuertes campañas en los medios de comunicación y redes sociales para su prevención. Consistirá en insertar mensajes de emergencia en los buscadores de Internet. El cliente que esté buscando contactos sexuales por la red recibirá un anuncio en su pantalla con la campaña impulsada por la Policía. En la prensa escrita se colocará publicidad en las páginas de contactos y se incrementará la formación en universidades a través de seminarios.

«La trata de personas consiste en la esclavitud del siglo XXI y es uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, tras el del tráfico de drogas y de armas. Cada vez que se comete este delito, se violan todos los derechos humanos en una misma persona, corrompiendo no sólo su libertad y dignidad sino también su integridad física y emocional», explica la Dirección General de la Policía.

También la pornografía

«La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, las actividades delictivas y la extracción de órganos corporales. No hay una fórmula única y definida para determinar cuándo una persona es víctima de trata. Estas personas son mantenidas en la esclavitud a través de una combinación de fuerza, coacción e intimidación. Han sido engañadas sobre el trabajo, viaje, condiciones de vida, estatuto, «papeles», tratamiento. Son movidas por los tratantes de un lugar a otro para que no ganen confianza o tengan relaciones con personas externas a la red. Las coaccionan para que no denuncien su situación ni a las Fuerzas de Seguridad del Estado, ni a las administraciones, ni a las ONGs que puedan entrar en contacto con ellas. Viven durante todo el tiempo con el miedo y la constante amenaza de violencia contra ellas o sus familiares», dice la DGP.