TRIBUNALES
El PP exige 23 años de prisión para Triana, su madre y Gago por el crimen de Carrasco
Califica la muerte de la presidenta de asesinato y añade tenencia ilícita de armas
Montserrat González y Triana Martínez, en una imagen de archivo
La representación procesal del Partido Popular solicita una pena de 23 años de prisión para cada una de las tres imputadas por la muerte violenta de Isabel Carrasco, a las que considera autoras probadas de un delito de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.
Por el primer apartado propone una pena de 20 años de cárcel y por el segundo tres años más. El partido que presidía la víctima solicita también 100.000 euros de indemnización, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados, de acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, que fue presentado ayer, según informaron a este periódico fuentes judiciales.
El escrito de acusación sostiene que las tres procesadas formaban parte de un plan ideado para acabar con la vida de la presidenta de la Diputación y da por probado que la autora material de los hechos fue Montserrat González, con la cooperación de su hija Triana Martínez y de la agente de la Policía Local Raquel Gago, que habían trazado un programa de actuaciones encaminado a acabar con la vida de la presidenta.
El Partido Popular considera que se trató de un asesinato en concurso ideal con un atentado. No discrimina los dos tipos delictivos por entender que uno se incardina en el otro ya que el crimen se cometió contra una persona que era una autoridad pública. Por ese motivo, a pesar de que en el transcurso de la instrucción, la jueza consideraba que este apartado podía ser castigado con penas de hasta nueve años de prisión, solamente se utiliza para justificar la solicitud de 20 años de prisión por asesinato, el tipo máximo que establece la legislación para estos casos.
Agravante de disfraz
La representación procesal del PP estudió también la posibilidad de aplicar la agravante de disfraz, aunque finalmente no la ha esgrimido. Considera que el hecho de que Montserrat se cambiara de ropa después de cometer el crimen, es motivo suficiente para contemplarla, pero a la vista de que el sistema del Tribunal del Jurado habilita la opción de modificar las calificaciones provisionales incluso en el transcurso del propio juicio, de momento se deja en el aire esta opción.
Sí que se anuncia ya de antemano la solicitud de que las tres imputadas hagan frente de forma proporcional a una indemnización de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. La propia jueza fijó en su día una fianza de 100.000 euros para cada una de las acusadas para hacer frente a las posibles reclamaciones que pudieran surgir en este sentido y que a buen seguro, serán objeto de exigencias similares por parte de la acusación particular, que defiende los intereses de la hija, la pareja y la familia de la víctima del crimen.