Los inversores se animan a apostar por las empresas leonesas en liquidación

Mejora de la perspectiva económica, mayor acceso al crédito o cambios en las condiciones de la legislación concursal. El caso es que en los últimos meses, por primera vez durante la crisis, varias empresas de la provincia que no han conseguido superar el concurso de acreedores han encontrado inversores dispuestos a hacerse cargo de la actividad e intentar reflotarlas a través de un nuevo plan de viabilidad y negocio. En el último año cinco sociedades que ultimaban su fase de liquidación y estaban ya en procedimiento de subasta han encontrado comprador en la provincia, con opciones que han sido aceptadas por los administradores concursales.

«Posiblemente sea este cúmulo de circunstancias el que ha posibilitado que se aproveche lo que es una inversión rentable, que es comprar una empresa en concurso. Al levantar algunas de las cargas y deudas que pesan sobre las concursadas, el precio por el que se han adjudicado ha llegado en varios casos a ser del 10% del valor de tasación de la sociedad», explica Pablo Arraiza, titular del Juzgado de lo Mercantil de León.

El magistrado destaca que adquirir una compañía que ha pasado por un proceso concursal tiene como gran ventaja que «el comprador cuenta con un informe muy fiable, sabe qué es lo que tiene la empresa y lo que debe; se le ha dado publicidad, se han presentado las alegaciones correspondientes, conoce la situación de los acreedores... Está muy claro lo que hay». Una transparencia absoluta que es difícil conseguir cuando se compra una empresa en otras condiciones, en las que «siempre puede quedar la duda sobre lo que hay realmente detrás».

Una ventaja de partida a la que se une «que la adquisición se realiza además a muy buen precio, y ahorrándose muchas deudas y muchas cargas. Esto debería favorecer que las empresas concursadas que pueden ser viables superando estas dificultades salieran adelante. Para eso es necesario que pasen a otras manos, y eso suele ser un proceso complejo».

Lo cierto es que la provincia vive una «realidad prácticamente nueva» en el difícil escenario de las sociedades en concurso de acreedores, que «no se había dado en los nueve años anteriores, cuando las ventas de empresas no se producían». En todo caso, el juez de lo Mercantil reconoce que la legislación concursal debe avanzar aún en algunos aspectos para que cumpla con mayor eficacia el objetivo para el que fue desarrollada: la supervivencia de las sociedades que tienen viabilidad, más allá de sus problemas puntuales de impagos con sus acreedores.

Entre ellos, el «tratamiento excesivamente privilegiado» que tienen los acreedores públicos en España. Una situación que está en proceso de revisión, «curiosamente por el Ministerio de Economía, cuando se trata de regular un proceso judicial, es una ley procesal». Algo que «no es casual», porque el hecho de que «la Administración tenga un celo excesivo a la hora de garantizar el cobro de sus deudas» (fundamentalmente Hacienda y la Seguridad Social) muchas veces «coarta las posibilidades de que la empresa pueda superar» la situación de quiebra.

Arraiza señala también que desde el pasado mes de septiembre el comprador debe asumir por ejemplo la deuda salarial de la empresa en concurso, algo que ha respaldado también el Tribunal de Justicia de la UE. «No es buena idea imponerlo siempre como regla general, porque en algunas ocasiones puede frustrar la compra y con ella abocar a la desaparición de la compañía, y eso acaba con los trabajadores en la calle. Creo que habría que permitir que los empleados dieran su opinión. En cada caso concreto, con la tutela del juzgado y escuchando a los representantes de los trabajadores, habría que hacer la interpretación más adecuada».