TRIBUNALES
El acusado de la estafa a los seguros defiende a un menor en los juzgados
La jueza rechaza el retorno a su puesto de trabajo del funcionario judicial imputado
Carlos H. F. el abogado leonés al que se acusa de ser el líder de la trama que estafó más de cinco millones de euros a diferentes compañías aseguradoras emitiendo falsos partes de accidente, representó los intereses legales de un menor en los últimos días en la capital leonesa, según confirmaron a este periódico fuentes de toda solvencia.
El abogado ejerce en la actualidad en Oviedo, donde desempeña su labor en un bufete de letrados a la espera de que se aclare su implicación penal o no en el asunto.
La presencia del sospechoso en los juzgados de Sáez de Miera causó cierta extrañeza, si bien actualmente dada la situación procesal en la que se encuentra el caso, el imputado puede ejercer sus labores sin cortapisas, a la espera de que se realice un pronunciamiento judicial al respecto.
La participación de C. H.F. se debió a un trámite judicial que se debía realizar en el juzgado de Menores de la capital, tras lo cual no se ha vuelto a tener constancia de actividad alguna por su parte en León.
Las mismas fuentes confirmaron que la jueza que instruye el caso ha rechazado la pretensión de recuperar su puesto de trabajo que había formulado el funcionario de un juzgado de Instrucción de la capital que también permanece imputado en el caso. Se considera que no concurren las circunstancias necesarias para que el sospechoso pueda reintegrarse a su función en los juzgados, por lo que de momento no puede recuperar su actividad laboral.
Un total de 27 personas fueron detenidas en octubre de 2013 por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de León, como supuestas autoras de una estafa por valor de cinco millones de euros a distintas compañías aseguradores simulando accidentes de tráfico. Los detenidos, en el marco de la operación «Bernesga», presuntamente falsificaban documentación y partes de lesiones de las supuestas víctimas. Entre los arrestados iniciales había abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas encargados de dar cobertura legal a los partes médicos.
En los registros practicados, tres en domicilios y uno en un bufete de abogados se intervinieron 262.000 euros, tres vehículos, dos de alta gama, un revólver, dos sellos de registro de los Juzgados de León y dos tampones médicos, entre otros objetos, como ordenadores.
Las primeras investigaciones corroboraron la información recibida por el alto nivel de vida que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el referido bufete. Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional de cada uno. de ellos.