Los sindicatos convocan seis jornadas de movilización en Correos

Los trabajadores de Correos en todo el país están llamados a secundar una serie de movilizaciones convocadas por los sindicatos CC OO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre, que suman más del 80% de la representación laboral en la empresa pública. Las organizaciones han convocado tres huelgas y tres paros parciales entre el 30 de abrl y el 22 de mayo, ante el bloqueo del convenio colectivo y del acuerdo general, que llevan año y medio de retraso. También rechazan el recorte de 15.500 puestos de trabajo.

Las jornadas de huelga se llevarán a cabo los días 4, 15 y 22 de mayo; mientras que los paros parciales tendrán lugar los días 30 de abril, 14 de mayo y 21 de mayo. Además, los sindicatos están estudiando realizar concentraciones, manifestaciones y actos reivindicativos en las capitales de provincia.

Bloqueo

Los representantes sindicales señalaron ayer a través de un comunicado que las medidas de presión se adoptan después de «meses de inmovilismo y nulos avances en la negociación del convenio y el acuerdo general, cuya responsabilidad abarca desde la dirección de Correos al abandono de la defensa de los intereses de la empresa por parte de la Sepi, así como a la insensibilidad y el desprecio por parte del Ministerio de Hacienda para reconocer el esfuerzo y sacrificio que vienen soportando los trabajadores postales». Los sindicatos denuncian también que la regulación laboral permanece bloqueada desde hace año y medio, y «Correos está aplicando el mayor recorte de su historia, amortizando puestos y reduciendo la contratación».

De hecho, denuncian que en los últimos cinco años se han suprimido unos 15.500 puestos de trabajo en el Operador Público Postal.

Un recorte de plantilla que ha tenido su repercusión en «el aumento del estrés, del número de kilómetros a realizar, de la polivalencia y de la precarización del empleo que están padeciendo los trabajadores. Menos plantilla, más trabajo, en peores condiciones y con menos salario», denuncian.

También critican que estos recortes estén afectando al servicio de calidad al que tienen derecho los ciudadanos, según establece la legislación.