Entre recurrir o acogerse al nuevo fondo del Gobierno para sentencias

Después de casi tres años de enfrentamiento en el juzgado, el auto del titular de lo Contencioso Administrativo número 1 de León pone al Ayuntamiento en el peor de los escenarios planteados. Una situación en la que incluso, como estudian ahora los servicios jurídicos, Urbaser podría reclamar la ejecución provisional inmediato de los 10,8 millones, a pesar de que se recurriera la resolución ante el TSJ.

En previsión de que haya que hacer frente al abono, antes o después, los responsables del Ayuntamiento de León tendrán que sondear en los próximos días la posibilidad de poder acogerse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, previsto en el Real Decreto–Ley 17/2014, que el Gobierno ha anunciado para que puedan las administraciones puedan hacer frente a las obligaciones financieras derivadas del cumplimiento de sentencias firmes. Un mecanismo, que todavía no tiene aprobación administrativa, a pesar del compromiso alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se prevé que tenga una dotación de 300 millones y que podría articularse de manera similar al establecido a través del ICO para el pago a proveedores. No evita para que, en todo caso, sea la administración quien tenga que apuntarlo en su deuda.