Denuncian a la concejala Lesmes por conspiración, falsedad y prevaricación

La adscripción como jefa de negociado en la Concejalía de Bienestar Social de la ex secretaria de Nuria Lesmes ha terminado en un escrito de acusación ante la Fiscalía contra la concejala de Personal del Ayuntamiento de León. La Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León (Asial) pide al Ministerio Fiscal que considere la denuncia contra la concejala por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, falsificación de documento público y conspiración, y que hace extensible a «cuantos funcionarios hayan colaborado con la concejala». La cascada de incidencias laborales que Asial notificó ayer a la Fiscalía tiene un punto de enfásis el 21 de mayo, cuando la secretaria de Lesmes, que es funcionaria de carrera del Ayuntamiento y pertenece a la escala general, grupo C1, solicitó la adscripción provisional a la concejalía de Bienestar Social. El sindicato señala la coincidencia de que, dos días antes, el coordinador de ese departamento, había pedido la entrada de un funcionario administrativo «para realizar tareas de coordinación entre los ocho centros de acción social y la residencia de mayores Virgen del Camino». Sin añadir referencias a situaciones excepcionales, en la motivación del escrito se señala al conocimiento «de que la funcionaria estaría interesada en trabajar en esa concejalía». La concejala del área implicada, Montserrat Gutiérrez, se negó a prestar conformidad al escrito y recurrió a las condiciones y reglas de promoción interna al no existir ese puesto entre la RTP del personal municipal. La negativa de la edil del departamento provocó que de inmediato el coordinador de información y atención social emitiera un nuevo escrito «sin la conformidad de la concejala delegada de Familia y Bienestar Social» —subraya la denuncia— en el que detalla la petición excepcional de un jefe de negociado «debido a la acumulación de tareas y expedientes administrativos», que dirigió a la concejala de Personal.

A partir de este relato, el escrito de Asial al fiscal enfatiza el papel de la concejala de Personal en el proceso, por el decreto de 28 de mayo que se encabeza con un esclarecedor «vista la providencia de 25 de mayo del 2015 presentada por Nuria Lesmes Flórez a la vista del informe emitido por el coordinador de información ...». Curiosamente, ese informe al que se refiere la providencia, fue recibido en la concejalía de Personal un día después, el 26 de mayo, según hace constar la agrupación sindical entre pruebas documentales. Asial concluye ante la Fiscalía que estos detalles demuestran la «connivencia en las actuaciones» de la concejala de Personal, el coordinador de Información de Bienestar Social y la funcionaria (que ejerció desde junio del 2011 como secretaria de la concejala y hasta entonces estuvo adscrita a la secretaría del Ayuntamiento) «tendentes a beneficiar en sus condiciones el trabajo de la funcionaria, como evidencia el hecho de que la providencia de Lesmes se dictó un día antes de la recepción del escrito del coordinador de Bienestar Social».

La agrupación sindical llega a calificar el asunto de «trama» y «círculo vicioso» al incluir un tercer informe emitido por la técnico superior de Bienestar Social en el que se exponen detalles sobre el déficit de personal que justifican la petición de un jefe de negociado. Todo, a espaldas de la concejala del área de Bienestar Social y ensamblado tras la negativa de esta edil a prestarse al cambio de destino de la secretaria de Lesmes. «Entramado», denuncia Asial ante el fiscal, que lleva a la relación sindical que comparten los tres funcionarios que cita en el escrito, y que eleva de tono por considerar que las resoluciones de la concejala de Personal se realizan una vez que está en funciones (después del 24 de mayo, cuando resultó elegida la nueva corporación que tomará posesión el sábado).

«Prevaricación, falsificación y conspiración» por un proceso que no encontró ni un solo cauce favorable en la administración. La Junta de personal pelea desde el 27 de mayo contra la ilegalidad del trámite.