Diario de León

Majo avisa de que no le «temblará el pulso» para «agilizar» la Diputación

El presidente presenta su gobierno como «un equipo sin áreas estancas, cohesionado y con una interrelación permanente».

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álvaro caballero | león
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Llegó, se sentó, puso a su derecha a Francisco Castañón, a la izquierda a Ángel Calvo y el resto se repartieron por cercanía a lo largo de la mesa: más cerca los afines que forman su guardia pretoriana, como Genaro Martínez o Miguel Ángel Fernández, y en el extremo los heredados de anteriores etapas como Francisco García o Raúl Valcarce. Así sentados presentó el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, el reparto de áreas de gobierno con el empeño de «hacer equipo, trabajar cohesionados, sin áreas estancas y con una interrelación permanente». «Aunque no seamos amigos, vamos a ser compañeros», dejó caer el nuevo regidor de la institución, en la que insistió que se marca como principios «la transparencia, la objetividad y la eficacia».

Desde esta eficacia defendió el presidente la distribución de áreas de gobierno. Una máxima a partir de la cual «cada uno asumirá las responsabilidades del área asignada pero habrá una interconexión permanente», apuntó Majo, quien recalcó que «la Junta de Coordinación será un lugar donde trabajar y compartir no sólo responsabilidades de gobierno, sino también ideas e inquietudes». «Todos somos gobierno; todos son hombres de confianza», aclaró, a pesar de que admitió que las dos personas sobre las que descansan las mayores responsabilidades serán Francisco Castañón, que se hace con la portavocía y un nuevo área denominada Presidencia desde la que controlar las relaciones institucionales, y Ángel Calvo, a quien le encomienda la vicepresidencia para el Bierzo las funciones de Fomento, que son las que más visibilidad e inversión tienen y que ya desempeñó con Javier García-Prieto.

Alrededor de esta trinidad se levanta un gobierno en el que Majo no ha querido hacer excesivos cambios de responsabilidad en los diputados que continúan. Más allá de que Raúl Valcarce deja Fomento y se va a Personal, donde estuvo en el primer mandato de Carrasco, Lupicinio Rodrigo continuará en Hacienda y Contratación, Francisco García en Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Emilio Orejas en Juventud y Deportes, después de que Majo cambiara a última hora en su idea de encomendarle Derechos Sociales. Completan esta nómina de veteranos Manuela García, que se encargará de Cooperación al Desarrollo y Centros Asistenciales (Nuestra Señora del Valle, Sagrado Corazón, Cosamai y Santa Luisa), y Miguel Ángel del Egido, que acoge Desarrollo Económico, en lugar de Turismo.

Pero sin embargo, el ex alcalde de Santa María del Páramo se encontrará en éste área con parte del equipaje de sus cuatro años anteriores. Majo ha decidido que en Desarrollo Económico no sólo quepa Empresa Conocimiento e Innovación Tecnológica (Ecit) y Productos de León, sino que «se incorporen la gestión de las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos y la Cueva de Valporquero, con la finalidad de trabajar en la generación de economía en sus áreas de influencia».

La decisión vacía en parte el área de Turismo. Genaro Martínez, uno de los hombres de confianza del presidente, se encargará de estas funciones, al tiempo que se mantienen como principal candidato para tener que asumir la difícil papeleta del consorcio de gestión de residuos (Gersul), aunque la decisión se tomará «la semana que viene», como reseñó Majo, quien emplazó para entonces el resto de decisiones de organización de la corporación: los sueldos, el personal de confianza y la participación de cada grupo en las comisiones informativas.

Ahí se afinará la apuesta por «el diálogo y el consenso», como expuso Majo, quien apostilló que se logrará «siempre que sea posible». «Que a nadie le quepa duda de que vamos a gobernar. No me va a temblar el pulso para firmar para que algo salga adelante y que esta administración deje de ser un pulpo para convertirse en una liebre», subrayó, al tiempo que avanzó que ya ha solicitado una reunión a la Junta para tratar las competencias impropias, que suponen un gasto anual de 12 millones. «Queremos competencias pero también recursos para poderlas llevar a cabo», citó.

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