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El equipo de gobierno ultima un plan de ajuste y acogerse al ICO para sentencias

El Ejecutivo local quiere elaborar un presupuesto para dejar de prorrogar el de 2010.

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p. infiesta | san andrés
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El nuevo equipo de gobierno PSOE-PAL aspira a cumplir la ley de estabilidad presupuestaria y poder levantar así los reparos que incluye Intervención en casi todos los documentos de gestión diaria del Ayuntamiento. Para ello, el departamento de Hacienda trabaja ya en un nuevo Plan de Ajuste que ayude a enderezar las arcas municipales y que rebaje el gasto a los 19 millones de ingresos que se logran anualmente.

El PP acometió y modificó sucesivos planes de ajuste la pasada legislatura para intentar frenar los 77 millones de euros de deuda que arrastraba el Consistorio, pero, según los técnicos, las medidas de recorte no se llegaron a aplicar en algunas áreas, como la de Personal. El primer plan de 2013 obligaba a reducir en 3 millones el peso de las nóminas. El de 2014 fue más benévolo y fijaba en 9.725.000 euros el importe del capítulo 1, que suponía una merma de 127.000 euros el año pasado y éste, de 511.000 euros. Las condiciones se pudieron suavizar tras incrementar el Gobierno central el plazo de carencia del préstamo ICO de 48 millones de euros que solicitó el ejecutivo local para pagar a proveedores en dos años más, el plazo de amortización de 10 a 20 años y disminuir el tipo de interés. El Ministerio de Hacienda habilitó esa opción para los municipios con una delicada situación económica como San Andrés, garantizar la viabilidad del Ayuntamiento y aportar un balón de oxígeno al retrasar a agosto de 2016 la devolución del ICO.

Ahora, el equipo de gobierno reconoce que tendrá que «implementar las medidas del antiguo plan de ajuste para rebajar el gasto en todos los servicios y hacer cumplir el nuevo documento para regresar a la senda de la legalidad», explica el concejal de Hacienda, Santiago Blanco. El plan también tendrá en cuenta la reconversión como deuda financiera de lo que se debía por sentencias judiciales firmes, ya que el nuevo ejecutivo pretende acogerse al ICO para pagar fallos judiciales que acaba de poner en marcha el Ministerio.

Paralelamente a esas dos iniciativas, se trabaja, además, en la elaboración de un presupuesto «que permita dejar de prorrogar el de 2010, algo muy necesario», según remarcó el concejal de Hacienda.

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