El Gobierno sube el sueldo a los funcionarios un 1% y patronal y sindicatos acuerdan recomendar otro 1% para el resto de los trabajadores

Los funcionarios de las administraciones públicas recuperarán el 75 % de lo que les falta por cobrar de la extra de Navidad suspendida en 2012 y verán aumentar su salario el 1 % en 2016, tras cinco años de congelación, según ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. La medida afectaría en León a más de 32.000 empleados públicos.

Montoro, que ha presidido la Mesa General de las Administraciones Públicas (AGE), ha explicado que un 25 % de la paga extra retenida se recuperará en septiembre y el 50 % restante se reintegrará en marzo y septiembre de 2016. Sin embargo, el reintegro de esa paga extra no supone una obligatoriedad para las administraciones regionales y locales, que deberán decidir sobre dicho pago. Así consta en los presupuestos generales del Estado para 2016 que mañana aprobará el Consejo de Ministros, y que además prevé aumentar la tasa de reposición de los funcionarios del 50 % al 100 % en los servicios esenciales, a los que se sumarán las Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales y el servicio público de empleo estatal (Sepe). La tasa de reposición para el resto de funcionarios se establece en el 50 %.

El salario de los empleados públicos lleva seis años sin actualizarse porque a los últimos cinco años de congelación hay que sumar el de la bajada del 5 % de 2010, por lo que acumulan una pérdida de poder adquisitivo de algo más del 20 %.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha presidido la Mesa General de la AGE que ha tenido lugar tras la reunión con Montoro. Fuentes sindicales han valorado la decisión de Hacienda y han subrayado que también habrá una oferta pública de empleo (OPE) "aceptable". No obstante, el presidente del CSIF, Miguel Borra, ha dicho que la subida salarial es "exigua" ya que no está en línea con el alza del 1,5 % que ha sido pactado para el sector privado.

El Gobierno ha anunciado que devolverá a los funcionarios el último de los tres días de libre disposición, llamados "moscosos", que les quitó en 2012 y de los que les había devuelto dos. Los tres días de antigüedad, llamados "canosos", los podrán recibir en función de los años de trabajo: un día si cuentan con ocho trienios, dos días si tienen diez trienios y tres días si llevan doce trienios de antigüedad.

El coordinador del área pública de CCOO, Antonio Cabrera, ha reconocido que "es inabordable" incorporar en un sólo ejercicio todos los derechos arrebatados a los funcionarios, por lo que confía en que se pueda alcanzar un acuerdo en próximos meses para hacerlo en los próximos ejercicios.

El Gobierno también se ha comprometido hoy a recuperar inmediatamente el diálogo social en la función pública para otorgar más mejoras a los funcionarios. El secretario general de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha apostado por tratar un mayor incremento salarial, porque "no sólo supone una perdida de poder adquisitivo, sino también una menor pensión de los que se jubilan hoy". No obstante, la devolución de la paga extra y la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios cumple con el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha reiterado que compensaría a los funcionarios por los esfuerzos realizados para salir de la crisis.

Las negociaciones entre los representantes de los empleados públicos y la administración comenzaron el 16 de julio, cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció un calendario de reuniones que se han sucedido desde el 21 de julio. Los representantes de los funcionarios no han cesado en manifestarse con concentraciones en los últimos meses para reivindicar el retorno de sus derechos perdidos.

La 'recomendación' de subidas salariales para el resto de los trabajadores

La patronal Cecale y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT acordaron hoy recomendar a sus negociadores de los distintos convenios colectivos de Castilla y León recomendar una subida salarial por encima del uno por ciento en los próximos tres años con el objetivo de equiparar el nivel salarial de la Comunidad con el resto de España, tal y como señalaron el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, y los secretarios regionales de CCOO, Ángel Hernández, y UGT, Agustín Prieto, tras la firma del acuerdo.

El acuerdo es la transposición y adaptación del III acuerdo para el empleo y la negociación colectiva en Castilla y León, firmada hace unos días a nivel estatal, con el que se comprometen a difundir este acuerdo entre sus respectivas organizaciones sectoriales y provinciales, sin menoscabo de la autonomía colectiva de las partes, que les permita asumir y ajustar sus comportamientos para la aplicación de los criterios, orientaciones y recomendaciones contenidas en este acuerdo.

Después de diez años sin firmar un acuerdo de este tipo, todos los firmantes destacaron la importancia del mismo y la relevancia, aunque insistieron en que se trata de una recomendación que tendrá que ser debatida de forma individual en cada uno de los convenios colectivos que se negocien en los próximos tres años. De momento, según indicó en responsable de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, restan por firmar este año en Castilla y León 65 convenios colectivos por firmar que afectan a 79.000 trabajadores.

La intención es, según añadió el secretario regional de CCOO, Ángel Hernández, buscar una convergencia con los salarios del resto del Estado, que en Castilla y León están por debajo de la media española. Al mismo tiempo, Hernández valoró positivamente el acuerdo, que tiene validez política y que es de orientación.

En términos parecidos se expresó el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, quien se sintió “satisfecho” por el “cambio de actitud” de la organización que preside y por “la buena disposición” de las organizaciones sindicales, al tiempo que destacó la necesidad de que los salarios en la Comunidad converjan con el resto de España porque eso dinamizará el consumo y la economía, si bien respetó las decisiones de cada una de las empresas que se encuentran inmersas en la negociación colectiva.

“Es un buen acuerdo”, añadió el secretario regional de UGT, Agustín Hernández, quien recordó que ellos no negocian, sino que lo hacen sus representantes en las empresas que es a quienes recomendarán subidas del entorno al uno y al 1,5 por ciento para que se pueda ir convergiendo en salarios porque “el camino de la productividad y la competitividad no puede ser ir hacia salarios más bajos”.

Según recoge el acuerdo, la capacidad de compra de los trabajadores españoles se redujo entre 2009 y 2014 un 7,1 por ciento, mientras que en Castilla y León los salarios reales han tenido la mayor pérdida de capacidad de compra, con un 11,2 por ciento. Además, sostiene que durante el 2014 la variación salarial de los convenios colectivos fue del 0,57 por ciento en España y un 0,33 por ciento en Castilla y León, lo que la sitúa en el penúltimo lugar de las comunidades. Esta situación, añade, continúa durante los primeros cinco meses de 2015, donde la variación salarial se sitúa en el 0,73 por ciento en el Estado y un 0,51 en Castilla y León.

Por otro lado, según los datos publicados por el INE, el tejido empresarial en Castilla y León también se ha visto afectada por la crisis. Por ejemplo, en el año 2012 cerraron 14.657 empresas en la Comunidad y en 2014 se produjo una variación de empresas activas del -1,7 por ciento respecto al año anterior, lo que suponen 2.680 empresas activas menos en la Comunidad en comparación con las existentes en 2013. En el año 2014, Castilla y León contó con 13.736 empresas activas menos que en el año 2008.

Según la Encuesta Trimestral de Costes Salariales del INE, el salario medio de trabajadores de la Comunidad fue de 1.622 euros, frente a los 1.831 de España. Además, entre 2008 y 2014 se han destruido 165.000 puestos de trabajo y la contratación temporal se sitúa en la actualidad en índices superiores al 93 por ciento.

Estos datos contrastan con el incremento en la productividad que se ha dado en los últimos años, que fue de un 11,38 por ciento entre los años 2008 y 2013, similar al 11,6 por ciento de España. Por tanto, los firmantes consideran que la aplicación de este acuerdo debe servir para “la activación de nuevas políticas salariales en los ámbitos de negociación de la Comunidad”.

Conflictos individuales en el Serla

Del mismo modo, los firmantes trabajarán para que el Serla pueda dar mediación también a los conflictos individuales, como ya hace Aragón, según recordó Aparicio, lo que permitirá desatascar los juzgados y resolverá en breve tiempo estos problemas y que supondrá que el 80 por ciento de los conflictos puedan ser resueltos por el SERLA, según añadió Ángel Hernández.

Además, se comprometieron a abrir una mesa de trabajo para analizar qué sectores se encuentran sin convenio colectivo.