Teresa Mata Subdelegada del gobierno en León
«La imagen de enfrentamiento entre la Junta y Gobierno no favorece al carbón»
Responde con la dicción y el ritmo de una docente, la catedrática de Derecho Financiero y Tributario lleva tres meses y medio al frente de la Subdelegación del Gobierno. Se enorgullece de ser la primera mujer en este cargo y asegura que practica la conciliación entre trabajo y familia. Llegan las elecciones generales y afirma que León volverá a estar en el mapa de las inversiones.
—Con la pavorosa racha de incendios que suma el verano en la provincia, ¿contemplan reforzar la vigilancia en puntos neurálgicos, como labor de prevención y disuasión?
—Obviamente en verano nuestras patrullas están pendientes del tema de incendios, muchísimo; tanto Tráfico de Guardia Civil como la Guardia Civil. Lo que ocurre es que sus efectivos son los que son. Con las dotaciones que contamos, claro que se hace un gran hincapié; pero no tenemos refuerzo especial en estos periodos porque disponemos de lo que disponemos. Durante los veranos, y más en uno como este, les tenemos pendientes de cualquier incendio que pueda surgir. De hecho, los primeros avisos de los incendios suelen ser de la Guardia Civil, ellos son los primeros que atisban y avisan porque todas las patrullas están moviéndose por las zonas rurales. Y ahora con el tema de algunos actos vandálicos, contra los medios de extinción que ha habido, es cierto que hemos reforzado puntualmente la seguridad en esas zonas. Insisto, yo creo que gracias a la Guardia Civil es como se detecta tempranamente un incendio.
—El consejero de Medio Ambiente instaba recientemente a los vecinos del medio rural a delatar a los autores de los incendios, ¿en los pueblos la misión es más complicada cuando se habla de vecinos?
—Pienso que tenemos un mal entendimiento de lo que es la palabra delatar. Vivimos en un Estado donde la gente debería ser consciente de la gran cantidad de dinero público que se emplea tanto en la prevención de los incendios, como en su extinción. En el caso de los incendios concurre algo, que al consejero y a mí nos preocupa especialmente, que es que la gente que se dedica a la extinción puede hasta perder la vida. Estamos hablando de supuestos que pueden ser peligrosos para todos. Entonces aquí no es delatar, lo que pasa es que se tiene que ser cero conniventes con situaciones con las que en cualquier pueblo se conozca que por intereses espúreos una persona puede encender distintos puntos de un fuego. No es delatar, es ser ciudadanos, conscientes de que es una cosa inadmisible. Lo que los ciudadanos deben hacer es estar muy pendientes de no realizar actuaciones que puedan contribuir a que el fuego comience. Ante determinados trabajos en el campo se les advierte mucho desde las administraciones que cuando existe un altísimo riesgo de incendio deben evitarse. La gente debería reflexionar del dinero público que se gasta en la prevención y la extinción de los bienes que perdemos cuando hay un incendio, que, además, no se pueden reponer sino a un largo plazo; y de lo que está en juego, que muchas veces es la vida de la gente.
—¿Habrá un inminente acuerdo con las brigadas para que pongan fin a la huelga?
—Cuando vino la ministra el martes charló con los brigadistas y les comentó que en el tema laboral deben tratar con quien les contrata, la empresa Tragsa. También les dijo, y ellos lo reconocían abiertamente, que en los dos últimos años se habían mejorado muchísimo tanto sus condiciones de trabajo, como el tiempo de trabajo y que su contratación llega ya a los once meses y medio. Sobre el resto de las reivindicaciones, todas las que obren en el ámbito de la legalidad, yo sé que la empresa tiene encima de la mesa una serie de propuestas. La ministra hizo un llamamiento a los brigadistas para que analizaran estas propuestas y les pedía que llegaran a un acuerdo. Obviamente desde el Ministerio se va a tender la mano en la medida de asumir dentro de la legalidad lo que la empresa considere mejoras factibles, teniendo también en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
—¿Tiene la impresión de que se resolverá a corto plazo o será una batalla durante todo el verano?
—Por lo que vi, había buena disposición por parte de los brigadistas. Ante las palabras de la ministra, ellos estuvieron de acuerdo en las mejoras que se han producido por parte del Ministerio, además continúa en los últimos tiempos. Yo espero que esto a muy corto plazo se solucione.
—La decisión de dar a conocer los emplazamientos de los radares, ¿qué incidencia está teniendo en la provincia, han detectado un mayor o menor número de multas en determinados tramos?
—Es un dato que de momento no disponemos de él porque hay que esperar un recorrido y un tiempo para tener un dato fiable. Yo creo que es una forma, se puede estar o no de acuerdo con ello, de concienciar a los ciudadanos de lo que al final Tráfico quiere, que es que se respeten los límites de velocidad. Y eso va a tener consecuencias positivas, por un lado que la gente no se vea multada y, por otro, en un incremento de la seguridad vial. Con independencia de que pueda ser discutible y al ministro le guste más o menos la decisión de la DGT, entiendo que cuando se toman medidas de te este tipo es porque son efectivas. Lo que veo, por las cifras, es que afortunadamente cada vez es mayor la conciencia que tenemos los conductores de que es muy importante que se respeten los límites de velocidad, no es un capricho. Hacer visibles este tipo de radares es importante porque siempre oyes la crítica de que parece que Tráfico a lo que se dedica es a recaudar, así que los ciudadanos puedan conocer su ubicación es un dato más que obra en nuestro poder para afirmar que Tráfico lo que quiere es corregir las conductas indeseables en la carretera en bien de todos y de la seguridad vial. El efecto recaudatorio de las medidas es totalmente secundario.
—En el caso de la desaparición de la peregrina norteamericana, ¿hay más novedades en la investigación tras el reciente anuncio del ministro del Interior sobre los avances en las pistas?
—Es un tema que nos ha preocupado mucho desde el principio. Entre otras cosas porque el Camino de Santiago es algo de capital trascendencia en una provincia donde muchos de nuestros pueblos tienen hostelería y turismo relacionado con la Ruta Jacobea y a todos nos interesa que el Camino sea seguro. Me consta, y quiero decirlo para que la gente esté bien tranquila, que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, en su demarcación, tienen planes concretos de seguridad en el Camino de Santiago, fundamentalmente en verano, que es cuando se incrementa el número de personas que lo hacen. Incrementan la seguridad y están pendientes. El tema de la peregrina yo creo que es un hecho muy puntual. Lo que puedo decir es que la Policía Nacional, porque ocurrió en su demarcación en Astorga, desde el primer momento utilizó todos los medios a su alcance, recabó todas las pistas posibles y tiene abiertas ahora mismo varias vías. Incluso todo esto se ha enviado a Madrid y desde allí están trabajando en el caso. Todavía no puede hablarse de ningún avance significativo en ningún sentido concreto, más allá de lo que insistió el ministro de que se trata de una investigación abierta, que nos preocupa especialmente y queremos, obviamente, que se resuelva.
—El presidente Herrera acaba de auspiciar la creación de una mesa del carbón para presionar al Gobierno en busca de una solución a la crisis del sector, ¿ahonda más esta decisión en la brecha entre el ministro Soria y el presidente de la Junta, enfrentados por este asunto?
—Yo no veo que haya una brecha entre el comportamiento de la Junta de Castilla y León y lo que se ha hecho en Subdelegación.
—Me refería más a Madrid
—Esto también implica lo que hace Madrid. Sí que es cierto que a todos desde León nos gustaría que la solución del carbón fuese inmediata y fuese la que todos queremos. No hemos escondido nuestra intención. Yo como subdelegada, el anterior subdelegado, ahora consejero de Fomento, hemos puesto siempre el máximo interés en intentar dar una solución al problema de nuestras cuencas mineras. Y llevo tres meses, desde mi toma de posesión, trabajando en pro siempre de buscar soluciones en positivo. El carbón es un tema muy difícil y a veces lo que se interpretan como impedimentos por parte del Gobierno o del Ministerio, es cierto, que cuando uno lo analiza desde el punto de vista técnico te das cuenta que lo que ponen sobre la mesa son los inconvenientes que tienen las medidas que se podrían tomar respecto a Europa.
—¿Y qué pasos se están dando para solucionar la crisis de un sector vital para la economía leonesa?
—Me consta, y quiero decirlo alto y claro, que tanto desde el Gobierno (Ministerio de Industria y Energía) como ahora desde la consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la que por fortuna en este tema tenemos a un leonés que tiene una sensibilidad altísima en el tema de minería, se siguen a diario buscando herramientas que puedan mejorar la situación de nuestras cuencas mineras. Y en esto la Junta colabora plenamente con el Gobierno. Si le preguntaran a Suárez-Quiñones, antes delegado del Gobierno y antes subdelegado en León, diría que no ha cambiado su actitud en la búsqueda de soluciones. Lo que vamos a hacer es colaborar. Yo entiendo que el enfrentamiento del presidente Herrera y del ministro Soria es más una llamada de atención para que entienda la sensibilidad especialmente en esta provincia tenemos hacia el tema del carbón, que obviamente es donde más nos preocupa. Es un problema que tenemos encima de la mesa al que hay que darle una solución. Me consta que el Gobierno atenderá aquellas soluciones que dentro de la legalidad sean factibles. Sé que esto no tranquiliza, pero me gustaría trasladar que seguimos trabajando mucho para encontrar soluciones que favorezcan al carbón nacional y que favorezcan la solución a corto y medio plazo y más a largo plazo del problema minero.
—La lucha ante Europa se debilitará si los frentes están divididos...
-Creo que no favorece esa imagen de enfrentamiento entre Castilla y León y España porque aunando esfuerzos vamos a conseguir más resultados. En lo que en mí dependa lo que voy a hacer es trasladar al Gobierno de España la sensibilidad en el tema de minería y me consta que desde el Ministerio conocen esa sensibilidad y se está trabajando, y mucho, desde el punto de vista técnico para buscar soluciones, factibles desde el punto de vista de la legalidad que no son nada fáciles.
—Entonces, ¿la ultimísima palabra siempre la va a tener la Unión Europea desde Bruselas?
—La última palabra la tenemos las administraciones para conseguir dar una solución que esté dentro de la legalidad para que desde Bruselas no nos la puedan tirar abajo. Obviamente formamos parte de la Unión Europea, es algo que nosotros mismos nos hemos dado y nos lo damos para cumplir el derecho comunitario y no cumplirlo solamente cuando nos convenga. Insisto en que no hay enfrentamiento porque a mí me llamaría mucho la atención que precisamente la persona más luchadora como integrante del Gobierno de España en su momento se implicase en el tema de la minería aceptase hacerlos ahora desde Castilla y León desde el enfrentamiento. Juan Carlos Suárez-Quiñones nunca ha trabajado desde el enfrentamiento, siempre lo ha hecho desde la colaboración.
—Se acercan las elecciones generales y comienza el maratón de ministros de visita a León anunciando inversiones, después de haber estado casi desaparecida la provincia para el Gobierno en los últimos cuatro años. ¿Existe un compromiso real o responden a un clima preelectoral?
—No hemos estado voluntariamente desaparecidos, ya le hubiera gustado al Gobierno de España otra cosa en lugar de encontrarse con un agujero presupuestario del calibre que nos encontramos y que gracias a Dios se está revirtiendo la situación. Las ministras lo que han hecho es avanzar un poco lo que van a ser los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Creo que es un avance honesto en el sentido en que son dos cuantías que se prevén meter (integración del tren en la capital y regadíos de Payuelos), con lo cual no nos están contando ninguna milonga, nos están dando una voluntad y unas intenciones de lo que será el Presupuesto de 2016. Denota una cierta mejoría económica y consecuencia de esa mejoría, no es que hubiéramos estado olvidados, fue como en el resto de España, porque no creo que en otras provincias se haya podido hacer lo que nos hubiera gustado que, obviamente, a cualquier Gobierno que se precie lo que le gusta es hacer inversiones y dotar a los ciudadanos de los mejores servicios. Ahora, cuando las cosas están bastante corregidas, es cuando toca invertir. Y espero que León vea inversiones públicas tanto en agricultura como en Fomento. Espero en este ejercicio de 2016 ver inversión pública, contratación pública y poco a poco retomar una senda de la que no deberíamos haber salido y que lo hicimos después de decisiones muchas veces muy poco conscientes del Gobierno anterior que se metió en un montón de gasto.
—En el balance que presentó hace unos días sobre la incidencia de los delitos en León se evidenciaba una bajada, ¿a qué lo atribuye, el binomio crisis económica-aumento de la delincuencia comienza a diluirse?
—Tenemos una provincia muy segura si tenemos en cuenta los datos de delincuencia y si lo comparamos con grandes capitales. La bajada de los delitos obedece a varios factores, seguramente la crisis en algunas faltas o algunos pequeños robos podía tener una cierta incidencia. También es cierto que hay una asistencia social importante que deberían hacer evitable ese tipo de comportamientos. Es cierto que la modificación del Código Penal va hacer que ahora durante unos meses se produzca un cambio de datos, al desaparecer determinados delitos leves que pasan a ser faltas administrativas. La situación no va a ser muy distinta pero los datos serán llamativos por el cambio. Ahora hay determinadas conductas que se tipifican como delitos que costará más delinquir en determinados aspectos.