TRIBUNALES
La jueza aumenta a siete el número de imputados por el crimen de Roberto Larralde
La presencia de todos ellos en el juzgado ayer por la tarde generó escenas de tensión con los familiares de la víctima.
Una de las allegadas a la familia de la víctima realiza un gesto expresivo en uno de los momentos de tensión previos a la llegada del furgón de la Guardia Civil.
El juzgado de Instrucción número 3 de los de León aumentó a siete el número de imputados por la muerte violenta de Roberto Larralde, ocurrida en septiembre del año pasado. La titular de la sala comunicó ayer en persona a los siete sospechosos que todos ellos están imputados por un delito de asesinato y que en el caso del supuesto autor material del disparo, añade también cargos por tenencia ilícita de armas.
El auto dictado por la magistrada considera que Julio L. ideó presuntamente el plan junto a Miriam C., con la que mantenía una relación sentimental que obstaculizaba el hecho de que la joven estuviera casada con la víctima. Para ello urdieron supuestamente una estrategia en la que José Ramón V. ejecutaría a la víctima de un disparo, tras concertar una cita con el ex boxeador. El arma habría sido proporcionada, siempre según la versión del fiscal, por Antonio G. y Adrián M. que contaron además con la cooperación de Froilán A. y Carlos H. R, trabajadores de la empresa de Julio que actuaron bajo su influencia.
La comparecencia de la totalidad de los acusados generó ayer escenas de tensión en las instalaciones de la avenida de Sáez de Miera, como consecuencia de la presencia de un grupo nutrido de familiares de la víctima en las inmediaciones de las instalaciones judiciales, que en algunos casos profirió insultos y expresiones al uso contra algunos de los acusados, especialmente sonados los dirigidos contra el supuesto cerebro de la trama.
Dispositivo policial
Poco antes de las 16,30 horas ya se dejó notar el dispositivo policial organizado a la puerta de los juzgados, que quedaron blindados por todos sus accesos excepto por la puerta principal. En varios taxis fueron llegando los principales sospechosos y sus letrados, que ganaron el acceso a las dependencias judiciales gracias a la protección de los agentes, una dotación de cuatro efectivos de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil escoltando el vehículo procedente de la prisión.
Ya en el interior de la sala, la jueza comunicó a cada uno de los sospechosos los cargos de los que se les acusan, con el común denominador del asesinato para todos ellos por formar parte de un plan concertado. Se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.
Los letrados defensores se oponen a la propuesta del Ministerio Fiscal y solicitan una serie de diligencias encaminadas a probar que no hubo tal plan y que en realidad hay errores en la investigación que hacen concebir una idea equivocada a la instructora.
Peticiones de la familia
La familia Larralde, cuyos intereses representa el letrado Marcos García Ortega, solicitó ayer a la juez que se analicen los movimientos en la empresa de Julio L. para demostrar si como ellos sostienen, pocos días después del crimen el sospechoso de liderar la trama firmó un poder otorgando la gestión de sus empresas a una persona de su familia.
Se trataría de una estrategia para realizar movimientos patrimoniales y esquivar las consecuencias de este caso, desde su punto de vista, en caso de que finalmente se descubriera su presunta implicación en el plan. El acusado solicitó de nuevo su puesta en libertad, que fue denegada ayer mismo por segunda vez. Trató de quitarse la vida en prisión recientemente.
La instrucción se anuncia larga y especialmente complicada, a tenor de las diligencias.