La línea de defensa de Barazón estará basada en la falta de pruebas de cargo

«Se trata de actividades que desarrollaríais vosotros y que tendríamos que sacar a contratación. Pero ya lo sacaríamos de manera que pudiéramos adjudicároslas a vosotros, porque sois los que las habéis planificado, los que mejor sabéis hacerlo y los que mejor presentaríais ese plan». Se lo dijo Marcos Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación de León, a Alejandro de Pedro Llorca, conseguidor también imputado en la Operación Púnica, según consta en un pasaje transcrito por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que forma parte del sumario.

El argumento de la línea de defensa que esgrimirá Martínez Barazón para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él se basará en que, salvo esta llamada telefónica y alguna otra similar, no hay muchas pruebas de cargo contra su persona. No hay documentos. No hay contratos firmados. Y sobre todo, no se llegó a ejecutar ninguna adjudicación. Por eso, según fuentes solventes, argumentará que la Fiscalía Anticorrupción se basa en indicios, que no pruebas.

Para ello, su letrado defensor tiene previsto solicitar una serie de diligencias encaminadas fundamentalmente a demostrar que lo que obra en el sumario, de forma mayoritaria, son conversaciones de terceras personas que dan por hechas decisiones «que en ningún caso se pueden atribuir a su persona», según explicaron ya en su día a este periódico tanto el acusado como su letrado, Ricardo Gavilanes.

Nuevas diligencias

Por todo ello, se anuncia de forma oficiosa la solicitud de una serie de dliligencias encaminadas a avanzar en esa línea. No hay confirmación oficial, por cuanto el que fuera presidente de la Diputación declinó cualquier valoración a este respecto pese a la propuesta de este medio de comunicación para conocer su postura.

No valora por el momento su defensa otra posibilidad que le conferiría la ley. Caso de que no llegase a ser juzgado, porque en el trámite de instrucción que resta se decidiese levantarsu imputación (como ya ha ocurrido con otros tres sospechosos más, cuyas causas fueron archivadas recientemente) o de que se le juzgara y absolviera en su momento, la legislación contempla un abanico de entre 40 y 300 euros diarios de indemnización por cada uno de los días que pasó privado de libertad Barazón, una parte en Soto del Real (dos días) y otra parte en Navalcarnero. La posible compensación podría llegar a los 12.900 euros, aunque para concederla se exigen unos condicionantes muy concretos y que se demuestre que se ha causado un daño irreparable a la persona.

Tercera fase en ciernes

No son las únicas novedades en torno al caso. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el magistrado juez Eloy Velasco prepara una tercera fase de la Operación Púnica que se centraría de nuevo en ayuntamientos del sur de Madrid y en la zona de Levante.

A raiz de las confesiones de David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto a Francisco Granados, habrán aparecido nuevos sospechosos a los que se pretende interrogar. Será previsiblemente en las próximas semanas, puesto que Velasco se fue de vacaciones antes de que se levantara el secreto del sumario de la parte más voluminosa del expediente, si bien todavía quedan por destapar varios tomos, referidos estos a las actuaciones que se han llevado a cabo con la colaboración del mencionado empresario, que habría negociado a cambio de su colaboración con la justicia la aplicación de una serie de atenuantes para sus penas.

En cualquier caso, parece descartado que el resto de las investigaciones que se habrán de levar a cabo puedan afectar a León en principio.