La tercera fase de la Púnica afecta a 12 ayuntamientos de Madrid y Valencia
El juez que instruye la causa abierta por la Operación Púnica, Eloy Velasco, ha abierto una investigación a 12 alcaldes de grandes ciudades, entre ellos las exregidoras de Madrid y Valencia, Ana Botella y Rita Barberá respectivamente, por los contratos que el empresario Alejandro de Pedro logró de estos consistorios a través de dos sociedades. De Pedro está vinculado también a la parte leonesa de la trama, por su supuesta vinculación a Marcos Martínez Barazón y Suso López, con los que pretendía lograr adjudicaciones e la estación invernal de San Isidro.
En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido documentación a 12 grandes ayuntamientos para comprobar qué contratos logró el mencionado empresario, imputado en la causa, a través de las sociedades Madiva y Eico, según recoge El País . Son Denia, Gandía, Valencia, Collado Villalba, Cartagena, Madrid, Valdemoro, Coslada, Alcobendas, Majadahonda, Elche y Castellón.
De Pedro consiguió que esos municipios le pagaran dinero público a cambio de insertar publicidad institucional en sus diarios digitales
La decisión de Velasco se produce después de que la Guardia Civil le remitiese, el pasado mes de julio, un informe en el que señalaba que De Pedro consiguió que todos esos municipios le pagaran dinero público a cambio de insertar publicidad institucional en sus diarios digitales.
Según el mencionado informe, documentos intervenidos en las sedes de Madiva y Eico acreditan que De Pedro controlaba hasta 20 diarios digitales en diversas localidades de Madrid y Comunidad Valenciana, por lo que según la Guardia Civil «en realidad —la inserción de publicidad en los medios digitales de De Pedro— era un pago en especie por trabajos de reputación para autoridades y cargos públicos».
Los gobiernos de esos 12 ayuntamientos que ahora investiga el juez contrataron con el empresario diversos servicios para financiar trabajos de reputación que beneficiaban a los alcaldes de esas localidades, según defienden los investigadores. En su informe la Guardia Civil detallaba cuáles son los presuntos casos de corrupción que se han producido, y pedía ayuda al juez para que recabase toda la documentación oficial. Eloy Velasco ha aceptado tras haber «constatado que Alejandro de Pedro realizaba trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor que más tarde se sufraga por dichos cargos públicos por procedimientos irregulares, ya sea mediante el pago directo o mediante la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en contratos públicos previstos para otro propósito.