La Audiencia busca sede para celebrar el mayor juicio de la historia de León

La Audiencia Provincial de León buscará casi con toda seguridad alguna sede no judicial de la capital leonesa para la celebración de la vista oral contra 70 personas imputadas por su participación en la Operación Bernesga, la mayor estafa del país contra aseguradoras de automóviles cifrada en torno a los cinco millones de euros y de la que se considera cabecillas a dos abogados leoneses y un funcionario de uno de los juzgados de Instrucción de la capital, que en la actualidad permanecen en libertad con cargos.

La existencia de 70 imputados con sus correspondientes abogados podría sumar la presencia en la sala de más de un centenar de personas. No hay ninguna sede judicial con semejante capacidad. Ni siquiera la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la más amplia de cuantas existen en la comunidad autónoma.

Por ese motivo, no se descarta la necesidad de tener que solicitar amparo a alguna de las instituciones civiles de la capital para que se disponga un recinto en el que llevar a cabo la vista, toda vez que recientemente se ha dictado ya la apertura de juicio oral.

«No es un asunto que corra prisa porque de momento, ni siquiera ha ingresado aquí», explicó a este periódico la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser. «Lo que sí está claro es que cuando se acerque el momento, habrá que adoptar alguna decisión porque aunque se reduzca el número de imputados en lo que falta de la instrucción o llegado el caso de que se alcanzaran acuerdos, lo cierto es que estamos hablando de una cifra muy alta de personas... No lo sé. Probablemente tendremos que pedir ayuda a alguna otra institución».

De acuerdo al auto de apertura de juicio oral, de momento son 70 las personas sobre las que pesan cargos. El abogado que presuntamente lideraba la trama asistido de otras personas, simulaba accidentes de circulación y elegía los vehículos que habían de aparecer implicados, las personas de cada uno de los vehículos, lugar del accidente y demás.

Derivaba a los supuestos lesionados a uno de los traumatólogos que presuntamente colaboraban con él, quienes elaboraban los informes que les indica. Los lesionados también eran derivados a los centros de fisioterapia elegidos, llegando a prescribirse sesiones de rehabilitación que nunca fueron realizadas, acordando, en este caso, con los centros en repartirse un tercio para la clínica, otro para el abogado y otro para el paciente, siendo éste el encargado de realizar el reparto, quien cobraría de la compañía aseguradora. Incluso se llegan a entregar al abogado facturas de pacientes no tratados. Los ingresos no justificados sumaron cerca de cinco millones de euros.