Piden seis meses de prisión a una militar por no acudir a su trabajo estando de baja

El Tribunal Togado Militar Territorial número 41, con sede en La Coruña, juzgará a principios del próximo año a una cabo que servía en uno de los destinos de la provincia de León de la Agrupación de Apoyo Logístico, para la que el fiscal solicita una pena de seis meses de prisión por abandono de su puesto de trabajo, tras no presentarse en su destino a pesar de que se encontraba de baja.

Las peripecias de la militar comenzaron hace ya casi nueve años. Con ocasión de un conflicto interno en su unidad, fue citada a declarar para que expusiera su versión respecto a una serie de incidencias que se habían producido en el destacamento en el que servía. «Simplemente se limitó a decir la verdad», explica su abogado, Francisco Viejo, que presta su testimonio a este periódico en nombre de su representada. Ella no puede hacer declaraciones so pena de ser sancionada por el Ejército de Tierra.

En aquellos testimonios, la cabo en cuestión dio validez a los argumentos de su compañera y confirmó que estaba sufriendo episodios de acoso laboral y de machismo por parte de un sargento, ahora destinado en Astorga.

A partir de ese momento, se inició una campaña de descrédito contra la cabo, que concluyó con la decisión de no renovarle el contrato alegando que había perdido sus aptitudes y bajo rendimiento. «Suele ser el argumento más utilizado para este tipo de decisiones», explica el letrado. Fue el 4 de octubre de 2007 . «Su elevado absentismo es razón de su ineficacia en esta unidad», explicó el Ejército.

Presentado el correspondiente recurso contra esta decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a la perjudicada y anuló la resolución «declarando el derecho de la militar a la suscripción del indicado compromiso de larga duración», reseña el fallo de la sentencia, firmada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL con fecha de 26 de julio de 2013. La justicia ordinaria decretó el derecho de la cabo a seguir en el Ejército.

Defensa acató la resolución pero de una forma peculiar. Pese a que la damnificada tenía derecho a una plaza en León, según se reconoce también por sentencia judicial obrante en el procedimiento, se decidió destinar a la recurrente en Burgos, a sabiendas de que la unidad elegida estaba a punto de desaparecer y de que en realidad su destino último sería Vitoria, a más de 400 kilómetros del domicilio de su familia.

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) aceptó un parte de baja con fecha de 16 de mayo de 2014 y el 16 de octubre se incorporó a la documentación un informe psicológico en el que se verifica la existencia de un trastorno adaptativo mixto ante problemática en el ámbito laboral.

«Durante la evolución en los últimos cuatro meses, no solamente no se observan mejorías sino que hay un empeoramiento que viene marcado por los altibajos a nivel anímico provocados por el mayor o menor contacto que la paciente tenga con su entorno laboral. Por ello, dada la gravedad del trastorno, concluyo que la paciente es incapaz de realizar actividad laboral alguna en el ámbito de las Fuerzas Armadas, por lo que recomiendo que permanezca alejada de su trabajo», señala el informe.

Un burofax remitido a la cabo desoyó todas estas recomendaciones y determinó la obligación de que se presentara en su nuevo destino. Siguiendo las recomendaciones de su doctor no lo hizo y decidió continuar su tratamiento psicológico acogida a su situación de baja. Ahora se le notifica que el Ejército de Tierra considera que ha cometido un delito de abandono del puesto y solicita para ella seis meses de prisión.

Desde la suspensión de su vinculación con el Ejército, la recurrente dejó de percibir sus haberes. Otra sentencia obligó a reponérselos.