Amoedo pide agilidad para dar viviendas a familias en riesgo

El Procurador del Común recomienda a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que «pondere adecuadamente» el derecho a la vivienda de los ocupantes en los casos de los desalojos de viviendas públicas vacías por familias en situación de exclusión social, en especial en aquellas en las que hay menores. La propuesta del Procurador del Común pasa por que se ofrezca con carácter previo al desalojo de la vivienda, soluciones residenciales «alternativas» y la atención social necesaria.

Esta resolución surgió a raíz de una queja que describía la situación de una familia con tres hijos menores que iba a sufrir el inminente desalojo de la vivienda pública que ocupaba de forma ilegal. El desahucio fue ordenado judicialmente, a instancia del Servicio Territorial de Fomento, dos días después de la presentación de la queja y, a la vista de este mandato judicial, la familia se vio obligada a abandonar la casa pocos días más tarde. El Procurador del Común observó, tras conocer el informe de la Junta, que la actuación «no había sido correcta» puesto que ante la ocupación de una vivienda de titularidad pública se había instado a su desalojo «sin considerar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas» y sin adoptar medidas dirigidas a «garantizar alojamiento alternativo y la asistencia social».