León en Común exige que Lesmes pague la sanción de su bolsillo, no el consistorio

Después de que el juez decretara que la decisión de Nuria Lesmes de denegar la celebración de tres asambleas informativas de UGT le costará al Ayuntamiento 1.500 euros, debido a los daños y perjuicios valorados, el grupo municipal de León en Común se adelantó ayer a reclamar al equipo de gobierno del PP que «no recurra el fallo», sino que lo asuma y «repita la responsabilidad sobre la concejala» de Personal en el pasado mandato. Una propuesta que, como confirmó el edil Santiago Ordóñez, trasladarán en forma de propuesta en la próxima comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior.

Frente a la indefinición del equipo de gobierno del PP, que ayer aseguró que aún no ha recibido el fallo y por lo tanto no ha valorado el posible recurso, León en Común insistió en que «sería una situación de bochorno» acudir al Tribunal Superior de Justicia, con el riesgo de que se condene en costas, para intentar revocar la decisión del juzgado de lo social número 3 de León. «El derecho de reunión sindical es sagrado, es una cuestión de derechos fundamentales», subrayó Ordóñez, quien suscribió el dictamen del magistrado que condenó al Ayuntamiento de la capital leonesa por vulnerar «el derecho a la libertad sindical» a que abone 1.500 euros a UGT.

Esta cantidad «no debe en ningún en caso salir del erario público», incidió Ordóñez, quien abundó en que «la concejala tomó una decisión contraria a los más elementales derechos fundamentales de los trabajadores y debe ser quien asuma las consecuencias». Unas consecuencias que tendría que reclamar el Ayuntamiento mediante un acuerdo municipal adoptado por los grupos políticos, toda vez que se asentara como firme la sentencia, en el que se expusiera la derivación de la responsabilidad de denegar las asambleas previas a las elecciones sindicales del mes de junio, en la última fase del mandato del anterior equipo de gobierno popular.

No será sin embargo la única condena a la que se expone el Ayuntamiento de León por la decisión de Lesmes de denegar las asambleas en horario laboral. El sindicato Asial, al que la concejala respondió con un no a 5 de las reuniones de trabajadores solicitadas, se sumará también a esta vía de reclamación de los derechos fundamentales. Lo hará ahora como base con el fallo de UGT en el que el magistrado del juzgado de lo social número 3 de León dicta que la interpretación adoptada por la entonces responsable municipal sólo pudo responder a «mala fe o desconocimiento absoluto de las normas legales que rigen el derecho fundamental a la libertad sindical».