JUSTICIA
La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a revisar casi 4.000 procesos en León
Sólo en la capital será necesario analizar alrededor de 2.800 expedientes
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de cuyos epígrafes recoge la necesidad de acotar a no más de seis meses la instrucción de los asuntos más habituales, obligará a revisar en torno a 4.000 procesos de carácter penal en toda la provincia, 2.800 de los cuales corresponden solamente a la capital, de acuerdo a las estimaciones iniciales de los responsables de la justicia en León.
El BOE aprobó el pasado día 6 de octubre dos nuevas reformas legislativas de las impulsadas por el Ministerio de Justicia, la Lecrim y la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) que introducen novedades añadidas como las medidas contra la pena de telediario (el derecho a proteger la imagen de los detenidos) o la eliminación del papel en los Juzgados.
La provincia conocerá los datos definitivos dentro de unos días, cuando concluya en recuento que se está llevando a cabo en los siete partidos judiciales de la provincia. Por el momento, sí se tiene la estimación de la capital, que se mueve entre los 2.700 y los 2.800 asuntos.
La modificación de la Lecrim impone a los jueces plazos para instruir y modifica el término judicial ‘imputado’, que pasará a denominarse ‘investigado’ en una primera fase y ‘encausado’ si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.
La reforma prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa se eliminó durante el trámite parlamentario, según explica el portal abogacia.es.
Dos meses
La norma –que no entrará en vigor hasta que se cumplan dos meses de su publicación en el BOE– se ha dividido en dos proyectos de ley, una orgánica y otra ordinaria, y también incluye modificaciones dirigidas a evitar la conocida como ‘pena de telediario’ por la difusión en los medios de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior. La intención inicial de prohibir este tipo de informaciones fue corregida por a fuerte oposición de los medios de comunicación. Finalmente el ministerio respetará del derecho a la información. La nueva ley intenta, además, evitar la macrocausas a través de un sistema –«la regla de conexidad»– que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción. La Lecrim aporta también novedades en cuanto a la incomunicación de los detenidos. Los jueces tendrán que justificar en un auto la aplicación de esta medida y los arrestados incomunicados deberán ser sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas. Los menores de 16 no podrán quedar detenidos bajo este régimen.
El texto ahonda en la investigación tecnológica e introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará a WhatsApp, SMS y escuchas ambientales.