TRIBUNALES
El juez libera a Gancedo de responsabilidad penal por el presupuesto de 2011
Archiva el caso, como pidió la Fiscalía, al no apreciar que hubiera prevaricación
Maria Eugenia Gancedo
El juzgado de Instrucción número 4 de León no considera que la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, haya incurrido en un delito de prevaricación administrativa relacionada con los presupuestos de 2011. Archiva el caso y la libera así de responsabilidad penal a la hora de aprobar unas cuentas que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al entender que la regidora no actuó de forma arbitraria ni adoptó decisiones que supiera que eran injustas.
El auto, firmado el pasado 24 de septiembre, también revoca y deja sin efecto el procedimiento abreviado dictado este año por el propio juzgado el 17 de marzo, al estimar el recurso de reforma planteado por Gancedo contra esa resolución. La magistrada concluye las actuaciones y no abrirá por ello juicio oral.
El TSJCyL había suspendido los presupuestos de San Andrés de hace cuatro años «por irreales» y por «abocar al municipio a una situación económicamente insostenible», tras una demanda presentada por el PP. El tribunal autonómico apreció «indicios penales», y remitió el expediente al Ministerio Fiscal, que coincidió con esas conclusiones y lo puso en manos del juzgado leonés para depurar «las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido las autoridades y funcionarios que intervinieron en esos hechos».
Gancedo fue a declarar entonces de forma voluntaria el 9 de julio de 2014 para aclarar las dudas que pudieran existir sobre su gestión. La socialista aportó a la magistrada varios informes, uno de estabilidad presupuestaria favorable y sin reparos de Intervención para el presupuesto de 2011 y otro sobre la sesión del 30 de noviembre de 2010 donde se habían aprobado las cuentas, en el que ella preguntaba expresamente al interventor antes de iniciar el Pleno «si existía algún impedimento para someter el presupuesto a votación, y dijo que no», indicó. Gancedo dijo a la jueza que aquellos presupuestos se elaboraron con «recorte en las concejalías, algunas de hasta el 42%, con un acuerdo de la Mesa de Negociación para llevar a aprobación definitiva la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y con un plan de viabilidad económica que estábamos elaborando».
Respecto al incremento del remanente negativo de tesorería, la hoy alcaldesa justificó que «no era lo mismo generar deuda que reconocerla», y que ella tuvo «que reconocer 42 millones de deuda de atrás de inversiones ya ejecutadas». También defendió su intención de «velar por los intereses de los vecinos con unos ingresos y gastos equilibrados», que entendió que eran reales, porque los técnicos no la advirtieron de lo contrario.
Tras analizar lo aportado, el fiscal leonés pidió el sobreseimiento y archivo de las diligencias instructoras, y renunció a presentar un escrito de acusación contra la regidora, cuestiones que avaló también el juzgado. El interventor municipal de San Andrés también quedó exonerado, «al no existir indicio alguno» de la comisión de un delito de prevaricación administrativa, «a tenor de la declaración de las partes y de la extensa documental».