Los testigos prestan una declaración corta y concisa ante el juez Velasco

El magistrado juez del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tomó declaración ayer a los ocho testigos leoneses que tenían pendiente de ratificación en sede judicial sus manifestaciones realizadas entre febrero y abril en la Comandancia de la Guardia Civil de León ante los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), en la primera fase de la instrucción del caso.

Pocos datos han trascendido de la cita. Testigos presenciales de la cita confirmaron ayer a este periódico que se produjo un notable trasiego de letrados y citados en las instalaciones de la Audiencia Nacional que, esta vez eligió para la ocasión las dependencias de la calle García Gutiérrez, precisamente en las inmediaciones de la calle Génova, en lugar de las habituales oficinas de la calle Prim, más cercana al área de Recoletos.

Desde las 10.00 de la mañana fueron desfilando los testigos para ir prestando su testimonio.

Dos diputados, Miguel Ángel del Egido y José Antonio Velasco, lideraban la nómina de personas citadas a declarar. la completaban el gerente de Gersul, la directora de la estación de San Isidro, un técnico del área de Intervención de la Diputación y dos periodistas.

Sin respuesta

Ninguno de los intervinientes en el interrogatorio atendió las llamadas de este periódico. En este tipo de situaciones, el magistrado suele expresar la conveniencia de mantener el secreto de las testificales y recomiendan a los aludidos no responder a los medios de comunicación para mantener la discreción del procedimiento.

Sí que se pudo reiterar ayer la intención del instructor de poner fin a principios del año próximo como muy tarde a la fase de investigación del caso, para iniciar el procedimiento de juicio y ordenar la apertura de juicio oral contra los tres principales imputados en la trama leonesa, el ex presidente de la Diputación Marcos Martínez, el interventor Manuel Jesús López y el director de Evolución Viajes, el madrileño Eduardo Ruiz Valenzuela.

Por otra parte, El plural.com reveló ayer que el sistema, según muestra el sumario de la Operación Púnica, permitía al PP ahorrar gastos de manera indirecta durante las campañas electorales pasando los costos a empresas privadas.

En este caso una empresa de encuestas (TNS Investigación de Mercados y Demoscopia S.L.) realizaba sondeos electorales que supuestamente pagaban grandes empresas (FCC, Avintia o Urbaser por ejemplo) bajo la apariencia de estudios socioeconómicos. Después estas empresas se beneficiaban de contratos públicos. Una trama que se ha localizado hasta el momento en siete municipios madrileños, pero que, según indicios, se extendería por muchos otros sitios de España.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó ayer que no tiene “ni idea” de esos pagos y qué a ella no le ha pagado “ninguna constructora ningún sondeo”, según manifestó.