Tres leoneses llevan ante Estrasburgo al Estado por el caso de los bebés robados

Tres leoneses firman la demanda contra el Estado que la asociación Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) presenta hoy ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por «las irregularidades en las investigaciones y archivo masivo de denuncias» de los casos de bebés robados. La demanda, avalada por otras 192 personas de toda España, piden a la justicia europea que investigue al Estado «por incumplir y violar la convención europea de los derechos humanos», explica el abogado de la asociación, Fernando de la Sotilla. En el escrito se acusa al Estado de vulnerar tres derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a pertenecer a su institución familiar y el derecho a un juicio justo. Casi todas las denuncias presentadas desde el año 2011 en las fiscalías del país se han archivado. En León se presentaron 17, pero ninguna prosperó, con la justificación de que no había pruebas suficientes. El fiscal jefe de León, Emilio Fernández, argumento que «de la discordancia en los partes no se deduce que hubiera sustracción».

Las familias no se han quedado quietas y hoy dan un paso más para que se siga investigando. «La denuncia está respaldada por 192 personas, pero a partir de hoy seguro que se incorporarán más», dice el presidente de Anadir, Antonio Barroso. «En León inician este proceso tres personas, pero se irán incorporando más».

En León son dos madres y un hijo adoptado los que sospechan que existen irregularidades tras el nacimiento de sus hijos o en los trámites de adopción.

Las dos mujeres dieron a luz en el Hospital de León los años 1972 y 1975, respectivamente. «Les dijeron que sus hijos había muerto, pero hay documentación con irregularidades que hace sospechas que no fue así», explica Barroso. Sus casos fueron archivados en la Fiscalía de León.

También está archivado por la justicia española el caso de un joven nacido en León 1980 que sospecha que existen irregularidades en su documentos de adopción. «En la documentación de su adopción hay documentos con irregularidades que pudieran esconder una adopción irregular».

Fue la propia Comisión de Peticiones de la Unión Europea la que, tras conocer los hechos denunciados en España, animó a las víctimas a denunciar al Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos.

Los 192 primeros casos que firman la demanda ante Estrasburgo cumplen un mismo patrón, según el abogado, Fernando de la Sotilla. «Adultos adoptados o dados en adopción de forma irregular con una partida de nacimiento supuestamente falsificada y madres que en su día dieron a luz y les dijeron que sus hijos nacieron muertos. Ellas se lo creyeron porque confiaban en los trámites que se hacían en los hospitales, pero ahora sospechas porque no tienen la correspondiente documentación».

El abogado casi descarta, en el caso de León, de que existiera una trama organizada. «Cuando hay pocos casos no se pueda asegurar con certeza de que existiera una trama organizada, pero eso no lo podemos saber porque hay mucha gente que no denuncia».

Anadir denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado español no ha respetado sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. «La impasibilidad de la justicia española ha obligado a las víctimas a acudir a las instancias europeas. Las irregularidades en las investigaciones ha significado una flagrante infracción en materia de Derechos Humanos por la falta de cobertura jurídica en España», explican desde la asociación.

«Con nosotros se ha hecho una injusticia muy grande», asegura Barroso. «Tenemos derecho a saber la verdad. Tan malo es lo que pasó con los bebés robados como que ahora archiven todos los casos y no se investiguen».

La Fiscalía General del Estado nunca envió instrucciones a las fiscalías del país para que actuaran de manera conjunta, «como nos prometieron, por lo que cada uno ha hecho lo que ha querido».