TRIBUNALES
Investigan a tres altos cargos de la Caja por la estafa piramidal
La principal imputada afirma que ellos le obligaban a vender el producto financiero
María Consolación Suárez, a la salida del juzgado tras prestar declaración
La Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional analiza los ordenadores de tres altos cargos de la Caja a los que la principal imputada por la estafa piramidal destapada en enero de 2012 acusa de haberle obligado a vender una serie de productos financieros de altísima rentabilidad y dudosa legalidad con los que más de un centenar de personas fueron estafadas por un montante de más de dos millones de euros.
El análisis trata de dilucidar el grado de responsabilidad que María Consolación Suárez, la principal atribuye a sus superiores, cuyos ordenadores de trabajo fueron confiscados ya hace algún tiempo y que desde entonces están siendo objeto de análisis.
El problema radica en que, según ha podido conocer este periódico, parte de la documentación que se investiga está encriptada y requiere una ardua tarea para descifrarla.
No es el único problema al que se enfrenta la investigación del caso, que permanece abierta en uno de los juzgados de Instrucción de la capital que ha sufrido en los últimos años al menos un cambio de titularidad, circunstancia que ha ralentizado en parte el procedimiento. Algunas de las partes personadas en la causa también han contribuido de forma importante a los retrasos de una causa que lleva ya tres años de instrucción y que, a criterio de los damnificados, todavía podría prolongarse en el tiempo antes de que se determine si procede la apertura de juicio oral. La Caja declinó dar a conocer su postura a este periódico a preguntas sobre las últimas novedades respecto al caso.
Chiringuito
La estafa piramidal que se conoció en la calle como «el chiringuito financiero» fue calificado por la principal imputada como «un banco dentro de otro banco». Así lo reconoció en su declaración ante el juez el 30 de enero de 2012. El sistema consistía en ofrecer un productos financieros de rentabilidad desproporcionada que no podían sostenerse por sí solos. Para liquidar los beneficios, fue necesario contratar a nuevos clientes con cuyo capital se satisfacía parte de las obligaciones contraidas pero a la vez se generaba una cifra de deudores más alta. La imposibilidad de sostener el sistema y el alto nivel de vida que llevaba la sospechosa, empleada de una sucursal de la entidad bancaria, obligaron a la intervención de la Guardia Civil y a su detención como sospechosa de estafa.
Inicialmente se defendió alegando que simplemente había llevado a cabo actuaciones que consideraba que eran lucrativas y no hacían daño a la entonces Caja España-Duero. Ahora su postura se ampara en el cumplimiento de supuestas órdenes que le venían impuestas por sus superiores, circunstancia que trata de aclarar la investigación. La causa permanece abierta y no hay visos de que se solucione pronto.