| san andrés del rabanedo |
Un pleno urgente autoriza el ICO de 6,5 millones para pagar sentencias
Los corporativos habilitan a Gancedo a que firme hoy la póliza del fondo de ordenación.
La sesión plenaria extraordinaria se celebró ayer «in extremis», horas antes de firmar la póliza.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró ayer un pleno extraordinario y urgente para formalizar la operación de préstamo que permitirá el pago de cerca de 6,5 millones de euros en sentencias judiciales firmes. La Corporación autorizó, con 16 votos a favor y cuatro en contra de IU, a la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, a firmar la póliza de crédito acordada con la entidad financiera para cumplir el acuerdo plenario alcanzado el pasado 27 de julio, en que se decidió la adhesión de San Andrés al nuevo Fondo de Ordenación creado por el Gobierno. El Ministerio de Hacienda dio su visto bueno a esta operación con cargo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) el pasado día 3; «una medida económica muy necesaria», según el equipo de Gobierno, que ahora debía formalizarse. La urgencia de la sesión vino determinada porque el Ayuntamiento recibió el pasado viernes la notificación, que otorgaba de plazo sólo hasta hoy martes para proceder a la firma que oficialice la concesión del crédito. PSOE-PAL justioficó que «al contar con un margen tan corto de tiempo, y teniendo en cuenta la celebración este fin de semana de elecciones generales, nos vimos obligados a convocar la sesión plenaria» ayer, tras avanzarlo el pasado sábado a los portavoces de todos los grupos políticos.
Los servicios técnicos de tesorería e intervención tuvieron que trabajar durante todo el fin de semana y a lo largo de la jornada de ayer para tener preparados los expedientes de cara a la celebración de la sesión plenaria. Con el visto bueno a la firma de esta operación de crédito, el Ayuntamiento de San Andrés podrá hacer frente al medio centenar de sentencias judiciales que adeuda, en su mayoría referidas a procesos abiertos por el propio personal municipal, subrogado de la empresa Urbaser (antigua concesionaria del servicio de limpieza viaria y jardines), o afectado por las diferencias salariales derivadas de la municipalización de ese servicio.
El equipo de Gobierno ya había llegado al límite el pasado julio para solicitar esa financiación, que evita acumular «moras del 8 al 10%, porcentajes más elevados que el interés del crédito al que concurrimos», matizaron.
PSOE-PAL pudo dar luz verde a aquella medida, que supuso modificar algunas partidas del Plan de Ajuste, gracias al apoyo de Ciudadanos, y la abstención del PP y UPL. Sólo IU se opuso rotundamente, porque entendía que era un respaldo al documento de recortes 2012-2032, que desembocará en la «reducción de personal y servicios públicos»,