Las defensas alegan errores de plazo en los escritos y piden archivar la causa

Buena parte de las defensas de los 71 imputados por la presunta estafa de cerca de cinco millones de euros a varias aseguradoras de automóviles destapada por la Policía Nacional en 2013 en la capital ha decidido recurrir una providencia de la titular del juzgado de Instrucción número 2 de los de León por la que se amplía hasta finales de este mes el plazo para la presentación de los escritos de calificación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.

La instructora del caso considera que el volumen de documentación que tienen que estudiar las partes para presentar sus escritos es muy elevado y por todo ello concede tiempo casi hasta final de mes al Ministerio Público y a las compañías aseguradoras que se consideran estafadas para que presenten sus escritos.

Según ha podido conocer este periódico, las penas que se solicitan para los principales imputados en la trama rondan los tres años de prisión, aunque de momento los escritos definitivos no han sido elevados al juzgado.

Las defensas consideran que la ampliación de plazo puede ser objeto de prevaricación. El periodo que la instrucción concedía a la acusación pública y a las acusaciones particulares expiró el pasado sábado 2 de enero y no consta que se haya presentado ninguno de los escritos, por lo que los letrados de los principales sospechosos entienden que procede archivar la causa y dar por sobreseído el asunto. Al menos así lo van a solicitar.

El pasado día 18 de diciembre la jueza instructora abrió el plazo para que el Ministerio Fiscal y las compañías que se consideran víctimas de la estafa presentasen sus escritos de calificación de los hechos, con la consiguiente acusación si lo estimaban menester que, a tenor de todos los precedentes que obran en este caso, así sería. De hecho, inicialmente hasta cuatro de las cinco compañías afectadas, Fénix, Axa, Pelayo y Zúrich, habían propuesto inicialmente penas de cuatro años de cárcel para nueve de los acusados, cuando la cifra de imputados todavía no alcanzaba la decena y antes de que se conociera que el volumen de investigados sobre los que pesa imputación judicial iba a superar la cifra de 70.

Las aseguradoras entendían que estaba probada la existencia de un delito continuado de estafa agravada, otro delito de falsedad documental y un tercero de simulación de delito. Además se añadía como responsabilidad civil la devolución de los importes de las indemnizaciones cobradas a las aseguradoras en los accidentes presuntamente fraudulentos.

No obstante, aquellos primeros escritos de calificación ya no son válidos por la modificación aunque el texto no diferirá sustancialmente en el grueso de su contenido.

La intención de la instructora es contar con los escritos de calificación de Fiscalía y acusaciones antes de que acabe enero, para abrir luego en febrero el plazo a las defensas y una vez superados los últimos trámites, dictar la apertura de juicio oral para el mes de marzo como muy tarde. De hecho, de forma extraoficial, la Audiencia ya hace cálculos en torno a las fechas en la que se podría celebrar la vista oral.

No obstante, de por medio hay que resolver una serie de recursos de reforma que todavía están pendientes de dictamen definitivo y que pueden hacer que la causa sufra giros inesperados en cualquier momento.