Intervención alerta del pago de más de 7M€ de Serfunle a su socio sin contrato

Un informe de fiscalización del interventor alerta del pago de 7 millones de euros durante once años por parte de Servicios Funerarios de León y su alfoz (Serfunle) a su socio privado, Mémora. Unos pagos, a razón de más de 600.000 euros anuales desde 2004 hasta mediados de 2015, sobre los que avisa que podría darse «un posible ilícito de administración desleal o fraudulenta».

Este dinero, sacado de los ingresos brutos que la sociedad factura cada año, se han abonado durante todo este tiempo por un supuesto canon de gestión «sin que conste procedimiento alguno de adjudicación del contrato, ni exista documento de formalización de estos contratos, ni tan siquiera que se haya producido la prestación real y efectiva de servicios que hubieran de ser objeto de remuneración». Una advertencia que el funcionario remata con la sentencia de que «se inicie el trámite de revisión y declaración de nulidad de Pleno derecho», que se «paralice el abono de cualquier nuevo gasto relacionado con el canon de gestión» y que «se arbitre la solución al posible reintegro de las cantidades abonadas por Serfunle al socio privado».

 

El informe, que se remata con el aviso de que procederá «de inmediato a realizar un control financiero sobre las operaciones de gasto», disecciona el devenir del contrato que fue adjudicado en marzo de 2003. Ahí nace «la nulidad de pleno derecho», según recalca el alto funcionario, que recuerda que «la oferta que resultó adjudicataria», después de anular la otra por incumplimiento de las condiciones, «no se ajustaba al pliego. No se ajustaba puesto que incluía que la empresa mixta debía pagar al socio privado un «fee o canon de gestión consistente en un 10% de la facturación anual de dicha empresa, durante los 5 primeros años, y del 12% del sexto año en adelante». Un canon, a mayores del «correspondiente dividendo como socio» de más de 300.000 euros, que «supone una cantidad a tanto alzado en función de los ingresos que «difícilmente podrá estar vinculada con una prestación de servicios mientras no se sepa qué y cuántos servicios se prestan y su coste unitario». «Sin mencionar el hecho de que el importe facturado por Mémora es en sí mismo inverosímil», apostilla el interventor, quien abunda en que estas actuaciones justificadas por la empresa por trabajos como «el mantenimiento informático» o «el asesoramiento legal y fiscal» se encomiendan además «a empresas de servicios externos».

Este canon de gestión se produjo «previa extralimitación de funciones de los técnicos (el jefe de los servicios económicos y el gerente en ese momento) y la mesa, al admitir, valorar y proponer como adjudicatario al licitador titular de una oferta no ajustada a los pliegos», lo que perjudicó «de forma esencialísima al resto de los licitadores que acomodaron sus ofertas a las cláusulas aprobadas». Una oferta, «sin informe previo de la Secretaría ni de la Intervención de la mancomunidad», en la que se recogía el canon de gestión que se ha pagado de forma manera regular por trimestres desde 2004 hasta que lo paralizó el presente equipo de gobierno apoyado en el criterio de la intervención, aunque ninguno de los anteriores alcaldes y concejales responsables máximos de la empresa mixta han querido asentarlo en la firma de un contrato por mucho que Mémora ha insistido.

Esta situación provoca que Hacienda haya realizado ya dos grandes inspecciones, en 2006 y 2012, con la imposición de multas de más de un millón de euros, tras sentenciar que estas cantidades no son deducibles del Impuesto de Sociedades ni del IVA.

El socio privado evitó ayer hacer declaraciones hasta conocer el informe.