SAN ANDRÉS DEL RABANEDO u El texto se someterá al Pleno y persigue rebajar el vandalismo
Una ordenanza de Medio Ambiente multa con 3.000 euros actos incívicos
P. INFIESTA | SAN ANDRÉS
La concejalía de Coordinación de Servicios Generales y Medio Ambiente pondrá en marcha una ordenanza que regule la obligación de todos los vecinos del municipio de actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público, así como de los demás elementos que configuran la ciudad. El edil responsable del área, Francisco Gómez, ha dado este paso después de que en los últimos meses el municipio haya visto cómo los actos vandálicos han producido un «grave deterioro de parques, contenedores de residuos sólidos urbanos», y el abandono de basuras ha afectado a espacios públicos. La concejalía se ha marcado como prioridad disminuir este tipo de comportamientos que se producen en el término municipal con un texto normativo que defina las conductas antisociales que degradan San Andrés, tipifique las infracciones y determine sanciones. El concejal subraya que la ordenanza no pretende ser una solución definitiva a la compleja problemática que constituyen esos comportamientos, sino «una respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno, un instrumento disuasorio para los individuos infractores y un llamamiento a la responsabilidad en el ejercicio del civismo».
El nuevo documento actualizará preceptos de otras reglamentaciones del Ayuntamiento que protegen los espacios públicos.
Incidirá en los daños y alteraciones en bienes municipales, pintadas, colocación de carteles, adhesivos y elementos similares sin autorización; ruidos y olores, basuras, residuos orgánicos (escupir o hacer necesidades en la vía pública) o lavado de automóviles en vías públicas, entre otros. Las infracciones se tipifican en leve, con sanciones de hasta 750 euros; graves, con multas de hasta 1.500; y muy graves, en cuyo caso las sanciones se pueden elevar hasta los 3.000 euros. La imposición de estas sanciones será compatible con la exigencia al infractor de reponer la situación alterada e indemnizar por daños y perjuicios. Gómez prevé someter la normativa al Pleno ordinario de este mes.