El informe del jefe de servicios económicos rebate la nulidad del contrato de Serfunle
á. c. | león
Frente al criterio del interventor del Ayuntamiento, el informe emitido ahora por el jefe de los servicios económicos de la administración municipal defiende la legalidad del contrato de adjudicación para la búsqueda del socio privado para los Servicios Funerarios de León y su Alfoz (Serfunle) en el año 2003. Frente al criterio del encargado de la fiscalización financiera, que insta a que se inicie el proceso de reclamación de nulidad por haberse aprobado la concesión de un canon de gestión de cerca de 600.000 euros anuales que no constaba en los pliegos del concurso, el funcionario del consistorio insiste en que resulta «incongruente» la reclamación.
La respuesta hace que, con el pago de este concepto suspendido de manera temporal, ahora cobren más protagonismo los otros dos informes pendientes que había reclamado el presidente de la mancomunidad, que agrupa a León, San Andrés y Villaquilambre: el de la secretaria general y el del letrado de los servicios jurídicos; ambos de baja desde después de que se les encargara la redacción del documento para delimitar la legalidad o no de la concesión. Dos informes que no evitan que la asamblea de Serfunle ya haya adoptado el criterio por unánime de que todos se remitirán al Tribunal de Cuentas para que dictamine.
En espera de estos dos informes, el jefe de los servicios económicos incide en su documento en que no se vulneraron «de modo alguno los pliegos» del concurso, puesto que «contemplaban expresamente que los licitadores realizasen una oferta abierta en la que concretasen los aspectos técnicos, organizativos y económicos de la gestión del servicio». «Lo cierto es que ninguna restricción ni prohibición existía en tales pliegos a que el licitador ofertase un ‘fee de gestión’ que retribuyese su aportación a la creación de valor, ni se trataba de una propuesta que fuera ilícita y que, por tanto, no tuviera cabida en el objeto del contrato». Un criterio que se enfrenta al expresado por el interventor, que recalca que en los pliegos no se contemplaba de forma expresa la cláusula del canon de gestión, por el que el socio privado, la empresa Mémora, recibe por encima de su participación del 49% en los beneficios un abono correspondiente al 12% de la facturación bruta: más de 600.000 euros anuales, que superan ya los 7 millones de euros desde la adjudicación del contrato.
El funcionario encargado de los servicios económicos, que fue uno de los encargados de informar en su momento sobre el contrato, justifica además que «a cambio» de este canon Serfunle puede «prescindir de una serie de departamentos necesarios para su buen funcionamiento», como la «gestión comercial, análisis de inversiones o recursos humanos», que «van a ser realizadas por los servicios centrales del licitador». Frente a ello, el interventor insistía en que «ni siquiera se ha producido la prestación real de estos servicios».