EL CRIMEN DE ISABEL CARRASCO
Tres magistrados decidirán sobre el encarcelamiento exprés de Raquel Gago para mayor garantía
El magistrado Carlos Álvarez durante el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco
Tres magistrados de la Audiencia de León formarán el tribunal que decidirá mañana sobre la petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares de ingreso en prisión de la policía local Raquel Gago, la única de las tres condenadas por el asesinato de la dirigente del PP Isabel Carrasco que permanece en libertad provisional.
La vista, que comenzará a las 10.00 horas, está señalada por la sección Tercera de la Audiencia y la presidirá Carlos Álvarez -el de mayor antigüedad-, acompañado por otros dos magistrados.
Álvarez ya presidió el tribunal del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco y fue también quien concedió en enero de 2015 la libertad condicional a Raquel Gago. Por este motivo, el Ministerio Fiscal le recusó para presidir el tribunal al considerar que se encontraba "contaminado" porque fue el encargado de dejar en libertad provisional a la agente de la Policía Local.
La Audiencia de León no atendió dicho recurso y la resolución dictada por la Sección Primera argumentó que, dadas las características del tribunal del jurado, la recusación del magistrado-presidente no podía tener lugar por imparcialidad objetiva dado que no es éste el que emite el veredicto sino el propio jurado.
Al ser una petición sobre medidas cautelares y para mayor garantía, será la sala (tribunal colegiado) la que escuchará a las partes y tomará un decisión.
Se considera que aquellas cuestiones que le ley del jurado no indica expresamente que sean resueltas por el magistrado-presidente del tribunal pueda ser la Sala la que adopte una resolución.
A la vista acudirán Raquel Gago con su abogado, Fermín Guerrero, el fiscal del caso, Emilio Fernández, y los letrados que representan a las acusaciones particulares, ejercidas por la hija la pareja de la víctima y por el PP, aunque la decisión no se conocerá hasta varios días después.
Tras la lectura del veredicto que consideró a Raquel Gago culpable del asesinato de Isabel Carrasco, así como de atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, su abogado pidió que siguiese en libertad provisional hasta que se resuelva el recurso ha anunciado que presentará a la sentencia, que aún no ha sido dictada.
El jurado del juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco declaró el pasado sábado culpables de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a la autora confesa de los disparos Montserrat González, a su hija, Triana Martínez, y a Gago.
El fiscal del caso reclamó 22 años de cárcel para Montserrat González y para su hija, 19 por el asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y tres más por tenencia ilícita de armas.
En el caso de Raquel Gago, pide una pena a 12 años por asesinato como colaboradora y atentado y 3 por tenencia ilícita de armas. El fiscal pide siete años menos de prisión para Raquel Gago que para las otras dos acusadas por el delito de asesinato al considerar probada su participación aunque de forma "no esencial".
El abogado de Gago pidió para su cliente la pena mínima que se contempla para los tres delitos, un total de diez años: ocho por los delitos de asesinato y atentado y dos por tenencia ilícita de armas.
Isabel Carrasco murió a las cinco y cuarto de la tarde del 12 de mayo de 2014 tras recibir tres disparos cuando atravesaba una pasarela peatonal sobre el río Bernesga para dirigirse a la sede del PP en el Paseo de Salamanca.
La Policía detuvo veinte minutos después a Montserrat González y a su hija Triana Martínez como supuestas autoras de su muerte gracias a la colaboración de un agente de policía jubilado que presenció la agresión y siguió a la primera. 30 horas después Raquel Gago entregó en la Comisaría de León el arma homicida y explicó que la había encontrado en su coche sin saber cómo había llegado hasta allí.
Inicialmente quedó en libertad, pero el 16 de mayo la titular del juzgado número 4 de León, Sonia González, que ha instruido las diligencias del caso, decretó su ingreso en presión tras tomarle declaración.