Desarticulan una banda que ofrecía empleo público en León sin hacer examen

dl | león

La Guardia Civil ha desarticulado una banda organizada y ha detenido, por el momento, a ocho personas, por estafar, blanquear capitales y usurpar las funciones públicas, al ofrecer a unos 200 desempleados la posibilidad de ocupar un puesto de libre designación en la administración a cambio de entre 300 y 500 euros. Según los datos facilitados ayer por el instituto armado, hasta el momento la cantidad estafada según lo detectado a través de los ingresos en cuentas bancarias ascendería a 96.000 euros, sin que se descarte la posibilidad de que el importe sea superior, ya que algunos estafados pagaron el dinero en mano.

Se calcula que las víctimas del engaño podría rondar las 200 personas residentes en las provincias de Ávila; Valladolid; León; Salamanca; Toledo; Ciudad Real; Madrid; Badajoz; Murcia y Valencia, así como otras que pudieran estar afectadas y que aún están siendo analizadas.

La Guardia Civil mantiene las investigaciones abiertas ya que, no descarta nuevas detenciones a raíz de hacer pública una estafa que podría afectar a más personas, fundamentalmente desempleadas y en paro desde hace tiempo.

Dichas investigaciones, que corren a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ávila, podrían dar como resultado nuevas denuncias en «fechas próximas», después de que la sociedad «tenga conocimiento del fraude que se investiga».

Se trata de un fraude que tendría como jefe a una persona residente en la capital abulense y que se hacía pasar como inspector del Ministerio de Educación y Ciencia, si bien la red tenía «tres focos de estafadores» distribuidos en Ávila, León y toledo.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2015, cuando se tuvo conocimiento de que en varias localidades de Ávila se ofrecía la posibilidad de ocupar plazas en la Administración Pública, sin pasar por un examen previo, a cambio de «pagar ciertas cantidades de dinero por parte de los interesados».

Los encargados de realizar las pesquisas fueron los efectivos del Grupo de Delincuencia Organizada Antidroga (Edoa) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, que determinó la existencia de un grupo organizado con funciones jerarquizadas, dedicado a cometer «un delito continuado contra el Patrimonio basado en «Estafa», asimilando al fraude, timo y engaño».

Con inspector y todo

Entre sus integrantes figuraba una persona que se hacía pasar por inspector del Ministerio de Educación y Ciencia que, apoyado por un grupo estructurado y repartido por otras provincias, se dedicaban a la captación de personas principalmente desempleados y sin actividad laboral conocida.

Tras una primera entrevista, el cabecilla de la banda les ofrecía distintos puestos de trabajo de la Administración Pública, como coordinadores, técnicos o conserjes, a cambio de abonar cantidades que oscilaban entre los 500 y 3.000 euros, que debían abonar en una cuenta corriente o en efectivo para poder acceder a los puestos de «libre designación».

Tras ganarse la confianza de estas personas, accedían a las pretensiones de los estafadores y pagaban el dinero solicitado, todo ello en base a apertura de expediente y otros trámites falsos. En algunos casos, la cantidad ingresada era devuelta a algunas personas que sospechaban del engaño, dando la imagen ante el resto de los estafados de que la operación realizada era legal. En total, la cantidad ingresada en las cuentas bancarias se sitúa en los 96.000 euros, aunque no se descarta que pueda ser mayor, ya que algunos de los aproximadamente 200 estafados, podrían haber pagado en metálico.

Según la Guardia Civil los estafadores, en el momento de cometer este tipo de delito, utilizaban lo que en el ámbito de la comunicación, mercadotecnia y la psicología de sus víctimas se denomina «estrategias persuasivas».