La Diputación zanja el reparto político de las obras y blinda criterios objetivos
Un 40% será fijo e igual para todos, otro 40% dependerá de la población y el 20% de prioridades .
La Junta de Portavoces se reunió ayer en la Diputación para fijar las bases de varios planes. DL
Asun G. Puente | redacción
Las batallas entre los grupos, y en el seno de los propios partidos, que tradicionalmente acompañan el reparto de los fondos de los conocidos como Planes Provinciales, tocan a su fin después de años de polémicas y acusaciones entre unos y otros de distribución política, aunque al final siempre se presentara como un acuerdo alcanzado por consenso. La Junta de Portavoces logró pactar ayer por unanimidad —a excepción del voto del representante de En Común que prefiere meditar la cuestión— las bases de ejecución del rebautizado como Plan Provincial de Cooperación Municipal. Tal y como había demandado la oposición y como compromiso aceptado por el propio equipo de gobierno, una serie de criterios objetivos marcarán desde este mismo año el reparto de este plan entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Un 40% del reparto será una cantidad fija e igual para todos los municipios que soliciten fondos del plan, otro 40% dependerá de la población y el 20% restante tendrá en la prioridad de las obras su principal criterio. En este último porcentaje incluye actuaciones encaminadas a mejorar las llamadas infraestructuras básicas, como alumbrado, alcantarillado, pavimentación, abastecimiento de agua, mejora de cementerios, recogida de residuos, rehabilitación o construcción de edificios de titularidad municipal o la compra de vehículos para la prestación de servicios.
Las arcas del Palacio de los Guzmanes destinarán este año, al igual que el pasado, 11,8 millones de euros al Plan Provincial de Cooperación Municipal, cantidad a la que se suma un 20% aportado por los ayuntamientos beneficiarios del plan, por lo que la cantidad global repartida rozará los 15 millones.
Otra de las novedades de esta convocatoria, que será aprobada el día 15 en Pleno, permitirá a los ayuntamientos contratar las obras de forma directa, un paso que ahorrará largos trámites a la Diputación y agilizará la ejecución de las actuaciones. Precisamente, la convocatoria del 2015 se vio totalmente colapsada por la tardanza en la adjudicación de las obras, la inmensa mayoría de ellas aún sin ejecutar. El proceso electoral de mayo, cambios de criterios de alcaldes a la hora de fijar su obra y la larga tramitación de decenas de proyectos por parte de la institución provincial explican la demora. Los ayuntamientos que lo demanden podrán pedir el 75% de la subvención del plan por anticipado, el otro 25% lo tendrán cuando presenten la justificación de la obra.
En el Pleno del día 15, además, se aprobarán las bases del Plan de Empleo, dotado con cerca de 2,8 millones de euros: dos aportados por la Diputación y el resto por la Junta. Este plan permitirá contrataciones temporales de parados en los municipios, en un número que depende de la población.
Y en cuanto al Plan de Juntas Vecinales, dotado inicialmente con casi dos millones de euros, la Junta de Portavoces acordó estudiar ampliar la partida para garantizar que cada dos años todas puedan contar con una actuación, con una dotación entre los 5.000 y 6.000 euros. Las pedanías deben aportar un 10% a este plan específico.